La gran decisión: mantener la consulta o convocar elecciones anticipadas
Catalunya vive desde hoy una semana decisiva que supone el pistoletazo de salida a un otoño que se prevé cuanto menos caliente. Del 11 del 9 al 9 del 11, fechas capicúa que marcan el espacio de tiempo entre la Diada del jueves y la consulta del 9 de noviembre. Culminación del proceso soberanista para algunos, fin de una fase para otros; de lo que no hay duda es de que el desarrollo de los acontecimientos en los próximos meses marcarán irremediablemente el futuro de Catalunya.
La Diada supondrá, un año más -y ya serán tres-, un punto de inflexión en el calendario. Si las previsiones se cumplen, cientos de miles de catalanes acudirán a su capital el próximo jueves para reclamar la independencia. Si en 2012 la Diada forzó las elecciones anticipadas y en 2013 consiguió que los partidos se pusiesen de acuerdo en la fecha y la pregunta de la consulta, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) aspira este año a que una masiva movilización comprometa a todas las fuerzas favorables al derecho a decidir con la consulta del 9 de noviembre, más allá del previsible veto del Tribunal Constitucional español.
Ahí está el quid de la cuestión y la causa primera de las polémicas surgidas a lo largo del verano. ¿Qué hacer cuando la ley de consultas quede fuera de la legalidad española? Pero sigamos el calendario previsto. Tras las potentes imágenes que cabe esperar de la Diada, la semana siguiente la atención se trasladará al Parlament, donde el Debate de política general servirá para observar el efecto de la multitudinaria movilización sobre la clase política. Especial atención concentrará el discurso inicial del president, Artur Mas, aunque no cabe esperar grandes sorpresas más allá de una reafirmación verbal de su compromiso con la consulta. Nada de anticipar planes B.
El 18 de setiembre todos los ojos se dirigirán a Escocia, donde cualquiera que sea el resultado, el proceso catalán saldrá ganando. Una victoria del «sí» sería un importante revulsivo en las filas soberanistas catalanas, mientras que una derrota seguiría sirviendo de argumento frente al unionismo español: «vean, los escoceses votaron y no se acabó el mundo».
La semana acabará en un momento álgido, de nuevo en el Parlament, donde el 19 de setiembre se prevé la convocatoria de un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la aprobación de la ley de consultas que dará cobertura legal a la consulta del 9 de noviembre o, al menos, a su convocatoria. Todavía no se sabe muy bien en qué momento, entre el viernes 19 y el lunes 22, Mas firmará el decreto de convocatoria de la consulta, momento en que la maquinaria logística se pondrá en marcha. Será también el momento en el que la legalidad de la consulta deje de estar en manos catalanas para pender del ya anunciado recurso del Gobierno español ante el Tribunal Constitucional.
Consulta o plebiscitarias
Entonces llegará la primera de las muchas horas de la verdad que Catalunya afrontará en los próximos meses. Sin soluciones mágicas al alcance de la mano, las opciones se reducen a dos: mantenimiento de la consulta pese al veto español o convocatoria de elecciones anticipadas. Durante el verano, varios representantes del Govern -sobre todo los vinculados a Unió- lanzaron varios globos sonda, advir- tiendo de que un veto del Constitucional obligaría a cancelar o retrasar la consulta. La respuesta del resto de partidos soberanistas fue inmediata, exigiendo al Govern que mantenga su compromiso con el 9N.
Sin embargo, y para no faltar a la verdad, cabe recordar que Mas ha insistido a lo largo de todo el último año en que los catalanes serán preguntados sobre su futuro político, pero solo de manera legal, por lo que a estas alturas, no hace falta sobreactuar y hacerse el sorprendido. El Govern tiene bastante claro que una consulta fuera de la ley sería muy difícil de validar internacionalmente y, por ello, el propio president ha hablado en más de una ocasión de las elecciones plebiscitarias como alternativa -si bien en las últimas semanas dicha expresión ha desaparecido de su vocabulario-. De hecho, según informaciones publicadas por la prensa catalana, la oferta de convocar elecciones entre finales de 2014 y principios del 2015 y acudir con una lista unitaria ya ha sido trasladada por Mas al líder de ERC, Oriol Junqueras.
Las otras tres formaciones favorables al derecho a decidir -ERC, ICV-EUiA y CUP- también admiten, preferiblemente en privado, las dificultades que supondría una consulta al margen de la legalidad, que entre otras cosas aseguraría la ausencia del «no» en la votación. Para la oposición, sin embargo, no es lo mismo renunciar a la consulta y convocar elecciones al día siguiente del veto del Constitucional que intentar alargar al máximo el pulso con el Estado, llegando incluso a forzar la suspensión de algunas competencias autonómicas, como sugería esta semana el diario «ABC». Algo así precipitaría las decisiones catalanas y sellaría probablemente la unidad de acción de los partidos soberanistas. Pero la contradicción es evidente: para que el Estado enseñe todavía más los dientes, tanto dicha unidad de acción como el compromiso con la consulta deberán ser incuestionables.
Tras la Diada, el día clave será el 19 de setiembre, cuando se apruebe la ley de consultas y Mas firme el decreto de convocatoria de la consulta.
En 2012 la Diada forzó el adelanto electoral, mientras que en 2013 obligó a los partidos a ponerse de acuerdo sobre la consulta. Este año, la ANC aspira a que la masiva movilización selle el compromiso de todos con la consulta del 9 de noviembre.
Medios catalanes señalan que Mas ya habría trasladado a ERC la oferta de convocar elecciones anticipadas entre finales de 2014 y principios de 2015, así como la idea de presentarse con una candidatura unitaria a favor de la independencia.
CiU: crisis interna, «caso Pujol» y soledad en el Palau
Una de las grandes incógnitas que dominan el escenario catalán es el futuro de CiU, que no afronta el momento clave del proceso soberanista precisamente en las mejores circunstancias. Como mínimo son tres los frentes abiertos que tiene, empezando, por supuesto, por el más mediático: el del continuado fraude fiscal de Jordi Pujol. Finalmente, el expresident comparecerá en el Parlament la semana del 22 de setiembre, tras la declaración de su primogénito en la Audiencia Nacional -prevista para el día 15-.
Si el escándalo frenase entonces, podría decirse que los efectos sobre el partido y el proceso podrían olvidarse rápidamente, pero todos dan por hecho que la filtración de información por parte de medios estatales será una constante a lo largo de los próximos meses y en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se teme que las nuevas informaciones ahonden en escándalos relacionados con las supuestas comisiones cobradas por la formación gubernamental a cambio de contrataciones públicas y que salpiquen a miembros del Govern como el conseller de Industria, Felip Puig, cuyos hermanos ya han sido acusados mediáticamente de tratos de favor durante los gobiernos de Jordi Pujol.
Todo el escándalo ha abocado a CDC a una promesa de «refundación» del partido que tendrá lugar en un congreso extraordinario para el que todavía no se ha fijado sin fecha: algunos reclaman que sea antes de las elecciones municipales de mayo de 2015, mientras que otros prefieren posponerlo. El principal y complicado objetivo: dejar definitivamente atrás el legado del pujolismo.
No resulta difícil que dicho intento de refundación coincida con la ruptura definitiva del largo matrimonio entre CDC y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que dependerá de lo que ocurra en los próximos meses. Los democristianos no se han pronunciado todavía sobre cuál será el sentido de su voto en la consulta independentista del 9 de noviembre, rechazan de plano el mantenimiento del referéndum si el Tribunal Constitucional español la veta y no quieren saber nada de una candidatura unitaria en caso de que se convoquen unas elecciones plebiscitarias. Con estos elementos encima de la mesa, el choque entre ambos socios es previsible, más aun cuando el líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, prepara ya su pista de aterrizaje con la creación de la plataforma Catalunya Centre.
Y por último, la soledad del Govern. Artur Mas y los consellers no se cansan de invitar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a entrar en el Ejecutivo, algo que el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, sigue rechazando por el momento, sin cerrar la puerta del todo, siempre que CiU se comprometa con la consulta soberanista o con la declaración unilateral de independencia en caso de una elecciones plebiscitarias. Resulta comprensible, pero el cálculo es delicado y las consecuencias de pasarse de frenada pueden ser catastróficas para el proceso. B.Z.