Las ejecuciones extrajudiciales evidencian el endeble compromiso de México con los DDHH
México está sacudido por dos casos graves de uso excesivo de la fuerza militar y policial que han costado la vida a casi 30 personas y han puesto en duda los compromisos del Gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos.
En un evento con defensores de los derechos humanos, el mandatario se ha visto obligado a aludir por primera vez en territorio mexicano a la muerte de 22 civiles a manos de militares el 30 de junio pasado en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México.
Ha asegurado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) están realizando una investigación «exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales correspondientes».
Además, Peña Nieto ha salido en defensa del Ejército al señalar que la Sedena ha prestado «colaboración irrestricta para que la autoridad determine la verdad jurídica del caso».
En días pasados ya su titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, había dejado claro que en caso de que se estableciera la responsabilidad de los militares en la muerte de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, sería «excepcional».
El fiscal general, Jesús Murillo, anunció este martes que tres de los ocho militares detenidos la semana pasada serán acusados de homicidio, después de que varias pruebas confirmaran que realizaron disparos sin justificación alguna.
Y es que, según el testimonio de una superviviente, las 22 personas no murieron en un enfrentamiento de tres horas, como aseguró en un principio la Sedena, sino que fueron muertas por los soldados después de haberse rendido.
Dicho testimonio e imágenes de la escena enviadas de manera anónima a una agencia de noticias han sido fundamentales para desmontar la versión oficial tres meses después de las muertes.
Peña Nieto ha confiado en que las investigaciones permitan «conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos».
Sin embargo, la organización Amnistía Internacional (AI) pone en duda ese compromiso, al asegurar que el mandatario «dejó de lado los derechos humanos».
«No bastaba con palabras (...), el compromiso debe ser con hechos concretos, (pero) nunca vimos nada y ahora la situación explota» con el caso de Tlatlaya y el de Iguala, donde seis personas fallecieron el fin semana a manos de policías municipales, ha dicho a Efe el portavoz de AI México, Perseo Quiroz.
Ha destacado que hay «varios patrones que se reproducen a lo largo y ancho del país: el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades tanto en Tlatlaya como en Iguala», pero también en otras partes del territorio.
«Los funcionarios no tienen protocolos para el uso adecuado de la fuerza y generan graves violaciones, tortura, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales», ha señalado.
En el caso de los ataques en Iguala contra estudiantes de Ayotzinapa, tras los cuales 38 jóvenes permanecen desaparecidos, Peña Nieto ha pedido al gobernador del sureño estado de Guerrero, Ángel Aguirre, que asuma la responsabilidad.
Esta vez ha dejado solo al político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), a pesar de que una de las principales banderas de su estrategia de seguridad es la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para recuperar la paz.
Aguirre ha ofrecido 1 millón de pesos (59.000 euros) a quien dé información que permita hallar a los estudiantes desaparecidos, mientras la fiscalía estatal ha anunciado que se han emitido órdenes de presentación contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el titular de Seguridad, Felipe Flores, cuyo paradero se desconoce.