Tres encarcelados más, mientras Granados y Marjaliza denuncian «detención ilegal»
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado prisión incondicional para el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP), y otras dos personas detenidas en la operación Púnica. Mientras, Francisco Granados y el empresario David Marjaliza han solictado la puesta en libertad, alegando que se hayan detenidos ilegalmente.
Además de Boza, las otras dos personas que irán a prisión sin posibilidad de pagar fianza son Ana María Ramírez, secretaria de David Marjaliza –el socio de Francisco Granados–, y un empleado de la empresa Cofely, Pedro García Pérez.
Para otros ocho detenidos de los quince que han declarado este jueves ante el juez, ha dictado prisión eludible bajo fianzas que van de 25.000 a 100.000 euros. Se trata del concejal de Hacienda de Valdemoro, José Javier Hernández (60.000 euros); el jefe de gabinete del alcalde, Alfredo Ovejero (25.000 euros); el arquitecto municipal de la localidad (100.000 euros); los empresarios relacionados con el constructor David Marjaliza: Eduardo de la Peña (50.000 euros) y Antonio Serrano (100.000 euros); el director general de Cofely, Didier Maurice, su director comercial Constantino Alvarez y el empleado José Antonio Alvarez, todos ellos con fianzas de 100.000 euros.
El magistrado ha dejado en libertad sin la imposición de medidas cautelares al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso.
En total son seis los detenidos que ingresarán en la cárcel por orden del juez. Velasco ya decretó esta mañana prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y el empresario Alejandro de Pedro, considerado junto al constructor David Marjaliza, principal ‘conseguidor’ de la trama.
El magistrado tiene previsto interrogar mañana a los dos presuntos cabecillas, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. Las mujeres de ambos han presentado esta noche dos habeas corpus en los Juzgados de Majadahonda y Colmenar Viejo para solicitar «su inmediata puesta en libertad» al considerar «ilegal» la prórroga de sus detenciones decretada por el juez. El magistrado acordó ayer su detención judicial, que ampliaría el plazo para interrogarles 72 horas más. El plazo de detención policial finalizó a las nueve de esta mañana.