La Guardia Civil impide a los abogados detenidos en la anterior redada asistir a los arrestados
La Guardia Civil no ha permitido que los ciudadanos vascos detenidos hoy –Nagore López de Luzuriaga, Izaskun Abaigar, Fernando Arburua y Oihana Barrios– puedan ser asistidos por abogados que fueron arrestados en la operación enero. Se desconoce quién ha dado la orden ya que en la Audiencia Nacional argumentan que la causa está «bajo secreto». Jone Goirizelaia denuncia la vulneración del «derecho de defensa» y de la «presunción de inocencia» de los letrados».
Al menos dos de los abogados detenidos en la operación de la Guardia Civil desarrollada en enero no han podido ejercer su labor de asistencia a los arrestados hoy. Así lo ha podido saber NAIZ, que ha constatado que el veto ha sido comunicado tanto a las personas detenidas como a los propios letrados en el momento en el que trataban de acceder a los registros. Los detenidos se encuentran en régimen comunicado, por lo que pueden elegir abogado de confianza. La Guardia Civil, no obstante, no les ha permitido asistir a los arrestados, argumentando que son coimputados. Una de las abogadas ha tratado de hablar con la secretaria judicial y un mando del Instituto Armado se ha limitado a responderle que no podía atenderle en ese momento.
Posteriormente, la única respuesta desde la Audiencia Nacional ha sido que «la causa está bajo secreto de sumario», por lo que ni siquiera se sabe quién ha dado la orden. Esta es una medida que no tiene precedentes, ya que como ha señalado Jone Gorizelaia, en casos en los que el abogado está acusado de cualquier delito puede defenderse a sí mismo, una facultad que solo pierde en caso de ser condenado e inhabilitado, algo que no ocurre con los letrados arrestados en enero. «Es una vulneración del derecho a la defensa, porque los detenidos no pueden elegir al letrado que habían designado y una vulneración al derecho de presunción de inocencia, porque se parte de la presunción de culpabilidad», ha denunciado.
Cuando los abogados fueron puestos en libertad en enero, el juez Eloy Velasco, instructor de la operación, les impuso una serie de requisitos. Concretamente les vetó para lo que denominaba «visitas organizadas» a presos, aunque no prohibió aquellas que «tuviesen relación» con casos abiertos. Ninguno de estos supuestos se cumple en esta redada. Sin embargo, el veto se ha impuesto, aunque de forma verbal ya que no existe ningún auto judicial que lo explique.
Según ha denunciado Goirizelaia, que ya ha asistido a uno de los registros, esta medida «incide en la criminalización de las personas que fueron detenidas y que solo han declarado en calidad de imputados». Caber recordar que la Guardia Civil ha bautizado la operación como ‘Pastor’, que viene relacionada con las dos anteriores: ‘Jaque’, contra los mediadores de EPPK, y ‘Mate’, contra abogados vascos y activistas por los derechos humanos de los presos.