La Fiscalía exculpa al PP y pide 5 años para sus extesoreros Bárcenas y Lapuerta

La Fiscalía Anticorrupción considera que el Partido Popular (PP) no cometió un delito fiscal al no declarar las donaciones correspondientes al año 2008 e incluirlas en su contabilidad B, aunque estima que es «responsable civil subsidiario» de los delitos que habrían cometido sus extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por pagar «en negro» las obras de su sede.

Así consta en el escrito provisional de acusación presentado este lunes por el Ministerio Público, que pide el archivo de la causa contra el PP al considerar que no está «debidamente justificada la perpretación» de un delito contra la Hacienda Pública.

Al mismo tiempo, Anticorrupción reclama que la formación sea juzgada como responsable civil subsidiaria de los delitos atribuidos a Bárcenas y Lapuerta, para los que solicita cinco años de cárcel por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal.

El fiscal Antonio Romeral, que señala que los extesoreros gestionaron «caudales» de los que «no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas», respalda, de esta forma, el criterio que expuso la Agencia Tributaria el pasado 7 de abril, cuando aseguró que «las donaciones se encuentran exentas de tributar en el Impuesto sobre Sociedades».

Además, apunta que, en el caso de que las donaciones se integraran en el Impuesto de Sociedades, «la cuota presuntamente defraudada por el Partido Popular en el ejercicio de 2008 alcanzaría un importe de 25.630,03 euros», tal y como apuntaba el organismo tributario en la hipótesis más favorable al PP. El otro cálculo arrojaba un supuesto fraude de 220.167 euros.

Casi cuatro años para el arquitecto

El representante de la acusación pública también pide que el arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió los trabajos de reforma de la sede central de la formación, en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011, sea condenado a tres años y diez meses de cárcel por fraude fiscal y falsedad documental.

Por estos mismos delitos la Fiscalía también solicita un año y siete meses de cárcel para el exgerente del PP Cristóbal Páez; y tres años y diez meses para Belén García, socia de Urquijo en la empresa Unifica. Retira la acusación por prescripción contra la empleada del estudio de arquitectura Laura Montero.

Además, Romeral reclama que los cinco acusados indemnicen solidariamente a la Hacienda Pública con 194.503,44 euros en relación con un delito fiscal que se habría cometido por la tributación del Impuesto de Sociedades de 2007. También solicita multas para los cinco acusados que oscilan entre los 102.500 y los 450.000 euros.

Caja fuerte en el despacho de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción señala que durante el tiempo que estuvieron al frente de la Tesorería del PP, Bárcenas y Lapuerta «gestionaron de consuno fondos en metálico aportados por donantes de quienes no podían recibir los mismos, de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos vigente en ese tiempo».

De igual modo, apunta que sólo una parte de los ingresos «accedieron a la contabilidad del partido a través de las cuentas de donativos anónimos, y nominativos en un caso, mediante ingresos en efectivo que nunca superaban los límites establecidos en la ley de financiación vigente en cada momento».

«El control de los ingresos procedentes de las anteriores donaciones así como de los gastos se llevaba en unas hojas a modo de contabilidad paralela –contabilidad B– que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro Lapuerta», señala el fiscal.

Romeral también apunta que «el dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo el control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Luis Bárcenas». En 2007, en concreto, constan unos ingresos de 542.000 euros y en 2008 de 1,1 millones.

Acciones de ‘Libertad Digital’

El fiscal también atribuye un delito de apropiación indebida a Lapuerta y Bárcenas, al entender que ambos acordaron en 2004 incorporar al patrimonio del primero un total de 209.550 euros del PP, a través de la suscripción de 1.270 acciones de ‘Libertad Digital’ para cubrir una ampliación de capital de la compañía.

Para ello, Bárcenas extrajo 139.700 euros de la caja fuerte de la formación política en octubre y entregó el dinero a su compañero de partido, que vendió los títulos a un precio de 209.550 euros el 20 de marzo de 2007 sin reponerlos a la caja B.

El representante del Ministerio Público eleva a 1,5 millones de euros el dinero negro abonado a Unifica para la remodelación de las obras de la sede del Partido Popular.

Según el fiscal, Bárcenas y Lapuerta negociaron con Gonzalo Urquijo realizar parte del pago con el dinero de la caja B, algo que conocía Cristobal Páez y que tenía por finalidad «dar salida a dichos fondos y obtener un descuento del 8 o 10% en la parte de obra satisfecha con los mismos, como reparto del ahorro fiscal que ambas partes obtenían al ocultarlos a la Hacienda Pública».

Para «simular» el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, elaboraron certificaciones de obras, facturas y proyectos omitiendo y haciendo constar datos que «no se correspondían con la realidad de los hechos. Estos pagos no se contabilizaron ni declararon a la Hacienda Pública por ninguna de las partes».