La Ley de Vivienda de la CAV permitirá expropiar a los bancos y gravar pisos vacíos

La Ley de Vivienda permitirá a la Administración de la CAV expropiar temporalmente a los bancos para evitar el desahucio de sus inquilinos, gravará los pisos vacíos y reconocerá el carácter subjetivo del derecho a la vivienda, es decir, garantizado por ley y susceptible de reclamarse ante los tribunales.

Este lunes han concluido los trabajos de la ponencia del Parlamento de Gasteiz que estudia esta proposición de ley, que fue presentada por el PSE y que recoge lo fundamental del proyecto de ley elaborado la pasada legislatura por el Gobierno de Patxi López.

El «cuerpo troncal» del texto original está recogido en el informe elaborado por la ponencia, aunque se han incorporado modificaciones a través de enmiendas pactadas por el PSE y UPyD y apoyadas también por EH Bildu.

Si los grupos mantienen sus posturas, el texto será aprobado, ya que PSE, EH Bildu y UPyD suman 38 parlamentarios, frente a los 37 de PNV y PP, partidos que lo rechazan. El debate en comisión y después en pleno comenzará tras las elecciones forales y municipales del 24 de mayo.

El proyecto mantiene el derecho subjetivo a la vivienda, la «expropiación forzosa de uso» a bancos y el canon a los pisos que estén vacíos durante más de dos años, al que ahora se añade el concepto de «progresividad». De esta manera, al canon anual de 10 euros por metro cuadrado aumentará un 10% cada año hasta alcanzar como máximo el triple de la cuota inicial.

La proposición de ley contempla que en cinco años toda la vivienda pública se destine al alquiler y que hasta entonces los pisos para la venta en propiedad no superen el 20%.

En cuanto a la cuantía del alquiler, esta no superará el 30% de los ingresos «disponibles» de la familia y que será como máximo el 15% cuando esos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

Para determinar el orden de acceso a una vivienda los criterios prioritarios serán la renta del solicitante y el número de personas que componen el núcleo familiar, mientras que la antigüedad será un criterio «residual».

Otra de las novedades del texto, que prevé su aplicación de manera escalonada, es la unificación en un único organismo de las distintas entidades públicas relacionadas con la vivienda.

Bixen Itxaso (PSE) ha reconocido que lograr los acuerdos necesarios para que la ley siga adelante no ha sido «fácil» porque «UPyD ha rechazado sistemáticamente todo lo propuesto por EH Bildu». Precisamente por ello ha agradecido la «altura de miras» de la coalición soberanista por respaldar las enmiendas pactadas entre el PSE y UPyD.

La representante de EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha afirmado que no ha «pactado con ningún grupo» y que si ha decidido apoyar las citadas enmiendas transadas ha sido «por su contenido». Para la parlamentaria abertzale, la ley será un paso adelante de cara a garantizar el derecho a la vivienda.

Beitialarrangoitia ha destacado, en este sentido, la importancia de que la ley reconozca la vivienda como derecho subjetivo, puesto que disponer de vivienda es básico para disfrutar de una vida digna.

Gorka Maneiro (UPyD) ha destacado que «gracias a su voto decisivo, Euskadi va a tener una ley de vivienda avanzada, progresista, justa y pensada para el conjunto de la sociedad».

No comparten esta opinión los parlamentarios del PNV Norberto Aldaiturriaga y Amaia Arregi, que han calificado la norma de «técnicamente mala» y han censurado que no tenga «una visión estructural», ya que se limita a las políticas públicas de vivienda, cuando el parque público representa únicamente el 25% del total.

Han criticado además que no haya un cálculo del coste de la ley ni de su impacto en los presupuestos del Gobierno de Lakua. Sobre este punto, han considerado que la cifra de 715 millones en 10 años apuntada por el consejero de Políticas Sociales, Juan María Aburto, supone una «cantidad importante, difícil de atender en las actuales circunstancias».

Tanto Beitialarrangoitia como Itxaso han reconocido que el coste de la puesta en marcha de la ley podría ser superior, aunque han defendido que la vivienda es una prioridad y que se trata de una cantidad pequeña comparación con el coste de la Sanidad o la Educación.

Por su parte, Nerea Llanos (PP) ha advertido de que la Ley de Vivienda no solventará la actual situación del mercado de vivienda porque solo servirá para «generar falsas expectativas» al contener «medidas populistas» que «pueden quedar en agua de borrajas si no cuentan ni con la financiación ni la seguridad jurídica necesarias».