Plataformas antidesahucios reclaman a Lakua que aplique «sin dilaciones» la Ley de Vivienda
Stop Desahucios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, e IRPH Stop Gipuzkoa han reclamado a Lakua en el exterior de la Cámara de Gasteiz que «aplique y desarrolle sin más dilaciones» la Ley de Vivienda aprobada hoy. Entienden que «debe ser un buen instrumento para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida».
Varias organizaciones antidesahucios de la CAV han exigido a Lakua que «aplique y desarrolle sin más dilaciones» la Ley de Vivienda a la que han querido mostrar su respaldo. Stop Desahucios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, e IRPH Stop Gipuzkoa se han concentrado en el exterior del Parlamento de Gasteiz, donde se ha aprobado, con el apoyo de EH Bildu, PSE y UPyD, la Ley de Vivienda, que contiene medidas como el «derecho subjetivo a un alquiler barato, un canon para pisos desocupados y la expropiación temporal de viviendas vacías propiedad de los bancos».
Representantes de las plataformas han celebrado que «después de dos años de tramitación parlamentaria, y de presión se va a aprobar una Ley de Vivienda pionera en el Estado español, que puede marcar el camino a otras leyes y que, por primera vez, reconoce que la vivienda es un derecho y no un negocio». De esta forma, entiende que «debe ser un buen instrumento para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, y para la inclusión social».
En este sentido, han remarcado, que la ley «apuesta con claridad por el alquiler social, aprueba medidas contra los desahucios como la expropiación de uso de viviendas, obtenidas por los bancos a costa de dejar a familias en la calle, o el ejercicio del derecho de tanteo y retracto de viviendas protegidas construidas con dinero público, y establece el alquiler forzoso y el canon para movilizar las viviendas deshabitadas».
Igualmente, esperan que, una vz que entre en vigor, «el 80% de los recursos públicos» se dediquen a promocionar el alquiler, «y el 100% en 5 años». Del mismo modo, han solicitado que se cree un organismo público que coordine las políticas de las diferentes administraciones en materia de vivienda, que se establezca una renta del 15% máximo en rentas inferiores al SMI, o o que se considere que tienen necesidad de vivienda quienes no puedan pagar el alquiler».