Entregan en el Ayuntamiento de Iruñea 1.292 alegaciones contra el «pelotazo urbanístico» del TAV
A iniciativa de AHT Gelditu Elkarlana, se han presentado en el registro del Ayuntamiento de Iruñea las 1.292 alegaciones en contra del PSIS de la estación del TAV de Etxabakoitz.
Mientras se entregaban las alegaciones, una treintena de personas se han concentrado ante el Ayuntamiento iruindarra con una pancarta con el lema «No al pelotazo urbanístico del TAV».
El Gobierno de de Nafarroa, explica AHT Gelditu Elkarlana en un comunicado, aprobó en enero de 2010 un PSIS para promover y financiar la construcción de una nueva estación para el TAV, «con evidente interés especulativo», ya que se prevé la construcción de 9.000 nuevas viviendas.
Considera que en la elaboración de este plan y en su actualización se han cometido «diversas irregularidades», ya que la misma «no fue puesta a exposición pública» y además ha habido «modificaciones sustanciales del PSIS original aprobado en 2010», con lo cual «el contenido se refiere a un plan distinto, por lo que debería ser considerado nulo y archivado de manera automática».
Asimismo, este colectivo afirma que el plan está suponiendo una «rémora» para Etxabakoitz, ya que «está provocando una mayor degradación de sus zonas, en especial de aquellas en las que el plan establece derribos de edificios».
A su juicio, esta «degradación» está causada porque «cualquier mejora urbanística del barrio se ha vinculado, por intereses políticos y económicos, de forma irreversible al desarrollo del PSIS del TAV, el cual a día de hoy sigue en proceso de estancamiento por su desproporción, inviabilidad económica y por las irregularidades presentes en la referida tramitación».
«Nos parece muy injusto que el barrio de Etxabakoitz vea hipotecado su futuro por el TAV, puesto que los vecinos deben ver garantizados sus derechos sociales en todo momento y en igualdad de condiciones que el resto», destacan desde AHT Gelditu, e insisten en solicitar la paralización del TAV, puesto que «tiene un notable impacto ecológico, un importante coste social y un severo coste económico para las arcas públicas».
Además, entienden que el plan «se está ejecutando sin un análisis riguroso y serio sobre su viabilidad» y «no se sustenta en ningún criterio de beneficio social, sino en el interés de determinadas élites económicas y empresas constructoras».