La juez Carmen Lamela se declara competente para que la AN investigue los hechos de Altsasu
Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional española, ha asumido el caso y se ha declarado competente para investigar la trifulca de Altsasu en la que se vieron implicados dos guardias civiles. Considera los hechos como «terrorismo» en base al artículo 573 del nuevo Código Penal, una definición que la ONU entiende que «es excesivamente amplia e imprecisa» y que «podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo».
La juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela se ha declarado competente para investigar por un delito de «terrorismo» la denuncia presentada por la asociación de víctimas COVITE por la trifulca de Altsasu del pasado 15 de octubre.
Lamela ha basado su argumentación en la deficinión que el artículo 573 del nuevo Código Penal español hace de «terrorismo». Una definición, así como las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de «incitación y enaltecimiento» o «justificación del terrorismo» que la ONU considera que son «excesivamente amplia e imprecisas». «Tal como está redactada, la Ley Antiterrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet», añade.
Lamela, de acuerdo con la posición del Fiscal, ha decidido practicar una serie de diligencias, entre ellas solicitar a la Guardia Civil un informe «urgente» sobre «la campaña de acoso que sus agentes sufren en Nafarroa y, en concreto, en Altsasu», y a la Policía Foral que facilite las actuaciones practicadas.
Asimismo, ha pedido que se identifique a quienes han realizado declaraciones públicas y aparecen en las fotografías de la comparecencia y la movilización del pasado sábado donde se denunció «un nuevo montaje policial y mediático», así como a los «responsables» de la cuenta de Twitter @AltsasukoGA.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró ayer que la agresión a los dos agentes y sus parejas constituye «graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generando una grave alteración para la paz pública a pesar de que tanto la apropia Guardia Civil y el Ministerio español del Interior habían descartado encuadrarlo como «terrorismo» y habían señalado a un «delito de odio».