El incontrovertible inconveniente espacio-tiempo
Ya habrían querido para sí las víctimas reales de ETA, del terrorismo de Estado o de la tortura que la «función social» de Kutxabank les hubiera encontrado un empleo (pongan ahí las interrogantes que quieran) de 5.783 euros al mes por dos días a la semana de acudir al despacho.
Ya habrían querido para sí las víctimas reales de ETA, del terrorismo de Estado o de la tortura que la «función social» de Kutxabank les hubiera encontrado un empleo (pongan ahí las interrogantes que quieran) de 5.783 euros al mes por dos días a la semana de acudir al despacho. Pero al parecer el corazoncito de su entonces presidente, Mario Fernández, y de los altos cargos de partidos que le telefonearon, eran bastante selectivos en lo relativo al «reciclaje profesional»: había que llevar más de veinte años (desde 1990) sin vestir la toga y ocupando cargos públicos como, por ejemplo, la alcaldía de Portugalense; convenía además cobrar entre 45.000 y 65.000 euros anuales (2012-2013) como asesor jurídico en el área de recursos humanos de Iberdrola, y también que el Servicio Público de Empleo Estatal le abonara a uno las mensualidades de las cotizaciones de la Seguridad Social del régimen de autónomos con cargo al desempleo pendiente. Luego está, claro, la condición sine qua non de haber sido delegado del Gobierno en la CAV o, como diría Fernández, haber «estado en primera línea en el tema del terrorismo».
El expresidente de Kutxabank sostuvo ayer en el juicio que «proteger» a este tipo de personas le «parecía que podía ser una función social que se podía cubrir perfectamente». Recordó en su declaración que «hay una persona que ocupó el mismo puesto que Cabieces antes, que el Gobierno lo mandó cerca, a Chile, al aeropuerto de Santiago de Chile, volvió 15 días de vacaciones y le pegaron dos tiros», en referencia al exgobernador civil en Gipuzkoa Juan María Jauregi.
En este argumento hay una doble contrariedad relacionada con el espacio y, sobre todo, con el tiempo. Si Mario Fernández argumenta que el Estado no pudo proteger a Jauregi enviándolo a Chile, no es fácil de entender cómo pretendía hacerlo él y quienes le pidieron un trabajo encontrándole empleo en pleno centro de Bilbo. Pero menos explicación tiene la evidencia de que Mikel Cabieces dejó de ser delegado del Gobierno en enero de 2012, cuando ETA había anunciado el fin de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, por lo que no había ningún riesgo de que nadie «le pegara dos tiros» ni nada por el estilo.
No hay engaño posible: sea o no delito, lo que hicieron los políticos que le telefonearon y Mario Fernández que puso los fondos de Kutxabank a su servicio (al igual que Iberdrola) fue un caso evidente de puerta giratoria, en la que se da un trato de favor con dinero más o meno público a un político que desde hacía más de veinte años no había hecho otra cosa que ocupar cargos institucionales que al parecer el PSE ya no estaba en condiciones de mantener. Pretender justificarlo usando el comodín de la ya inactiva ETA es una falacia y un insulto a todas las verdaderas víctimas.