La condena al 9N deja la vía libre al referéndum unilateral

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya publicó ayer la sentencia del juicio contra el 9N, en la que condenó a inhabilitaciones de hasta dos años y multas de hasta 36.000 euros a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. Todo el soberanismo catalán coincidió en que las condenas no hacen sino reforzar la apuesta por el referéndum de setiembre.

Bastante antes de lo previsto, y en el orden inverso al esperado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se adelantó al Supremo y dictó sentencia sobre el juicio contra el 9N: dos años de inhabilitación y una multa diaria de cien euros durante 12 meses para el expresident Artur Mas por un delito de desobediencia; un año y nueve meses de inhabilitación y la misma multa durante diez meses para la exvicepresidenta Joana Ortega por desobediencia; y un año y medio de inhabilitación y los cien euros diarios de multa durante ocho meses para la exconsejera de Educación Irene Rigau, en su caso como cooperadora necesaria del delito de desobediencia de los anteriores. Los tres fueron absueltos del delito de prevaricación, lo que hizo que las penas anunciadas por el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, fuesen menores a los diez y nueve años de inhabilitación reclamados por la Fiscalía durante el juicio.

Largamente anunciadas durante los cinco años de proceso catalán, ayer se materializaron de esta manera las primeras condenas contra dirigentes soberanistas por haber preguntado a la ciudadanía su opinión sobre el futuro político del país. En los mismos fundamentos de la sentencia, igual que hiciera el Fiscal Emilio Sánchez Ulled durante el juicio, el tribunal se esforzó en recordar que «no se ha sometido a juicio ni la convocatoria del proceso participativo (...) ni tampoco la colocación de las urnas el día 9 de noviembre, sino exclusivamente la desobediencia a la orden de suspensión» del TC. Omitió de esta forma que lo que el TC hizo, precisamente, fue declarar ilegales las urnas. Excusatio non petita, accusatio manifesta.

Para condenar por desobediencia a los tres ex altos cargos de la Generalitat, el tribunal alegó que «lejos de hacer efectiva la suspensión» ordenada por el TC, «no solo no dictaron ningún tipo de resolución ni efectuaron anuncio alguno de suspensión» del 9N, sino que «observaron un catálogo de conductas demostrativas todas de su determinación firme de contravenir la providencia». Entre esas conductas, el TSJC mencionó el mantenimiento de la página web institucional sobre el 9N, la campaña oficial sobre el proceso participativo o diferentes elementos relacionados con la logística del evento.

En cuanto a la absolución por el delito de prevaricación, el tribunal apuntó que, observadas las conductas de los acusados, «no puede afirmar la presencia de elementos de ilegalidad que excedan o desborden la inherente al hecho desobediente calificado», por lo que alega que los mismos hechos no pueden ser doblemente condenados como dos delitos diferentes.

«Lo volvería hacer»

Al margen de los razonamientos jurídicos del tribunal, las reacciones ante una sentencia contra unos políticos juzgados por preguntar a la ciudadanía e invitarla a participar –es decir, a hacer política–, no podían más que ser políticas. Así lo hicieron los propios condenados, que en una rueda de prensa convocada en la sede del Partido Demócrata –la formación heredera de CDC anda necesitada de imágenes positivas– instaron a los actuales responsables del Govern y del Parlament a seguir el camino emprendido hacia el referéndum. «Tenemos que seguir con la cabeza bien alta y en esta línea, porque nos querían arrodillados y condenados, pero estamos en pie y mirando el futuro con ilusión, siguiendo el camino para decidir nuestro futuro político», aseguró Mas, que no desaprovechó la oportunidad de comparar la cerrazón española con la democracia británica –ayer el Gobierno escocés anunció la puesta en marcha de la maquinaria para un segundo referéndum–. También lamentó que «si la ley fuese igual para todos, el actual Gobierno español y Mariano Rajoy estarían inhabilitados por incumplir sentencias del TC».

Ortega, por su parte, aseguró que «hoy (por ayer) se condena a tres personas, pero que quede claro que detrás hay un pueblo con un anhelo de libertad enraizado y eso no se puede parar». Finalmente, Rigau, que en la actualidad es diputada de Junts pel Sí en el Parlament, se preguntó si con esta sentencia el tribunal está diciendo que «no podemos cumplir un programa electoral o una resolución del Parlament». Acompañados por el president, Carles Puigdemont, el diputado en Madrid Francesc Homs –el Supremo dictará sentencia en su caso– y otras figuras relevantes del PDECat, los tres condenados lucieron una chapa con la inscripción «Lo volvería a hacer».

Referéndum reforzado

Los más contundentes en su valoración, sin embargo, fueron los actuales responsables políticos del proceso catalán, empezando por el propio Puigdemont, que consideró reforzada la convocatoria de un referéndum para los próximos meses: «Ninguna sentencia nos hará renunciar a aquello a lo que nos hemos comprometido ante el Parlament y el pueblo de Catalunya». «No nos desviaremos ni un milímetro de este ideal radical de democracia», añadió un Puigdemont que consideró que «aquello que la justicia española ha condenado lo indultará el pueblo de Catalunya votando en un referéndum». Un plebiscito, por cierto, que fechó a final de verano o principio de otoño.

Más contundente si cabe fue la diputada de la CUP Mireia Boya, que llamó a desacatar la sentencia e invitó a Rigau a que no renuncie al escaño pese a la inhabilitación. Boya dio por «muerta» la vía del referéndum pactado y llamó a adelantar el plebiscito y realizarlo de forma desobediente. En la misma línea, aunque sin apelaciones directas a la desobediencia, se pronunciaron la Assemblea Nacional Catalana –que llamó a la movilización permanente– y Òmnium Cultural, que pidió centrarse en realizar el referéndum con «serenidad y contundencia» al mismo tiempo.

Con diferente intensidad, Ciudadanos, PSC y PP se congratularon por la sentencia, mientras que desde el entorno de los comunes, utilizaron la misma fórmula que Podemos en España, criticando al mismo tiempo la sentencia y a Artur Mas por los casos de corrupción.

INTERVENCIONES

«Lo que la justicia española condena lo indultará el pueblo de Catalunya»

CARLES PUIGDEMONT

President de la Generalitat

«Es antidemocrático y vergonzoso; el estado de excepción ha comenzado»

MIREIA BOYA

Diputada de la CUP

«El 9N fue un acto de escuchar a la ciudadanía, y eso es la democracia»

JOANA ORTEGA

Exvicepresidenta

«¿Es un aviso para decirnos que no podemos cumplir un programa electoral?»

IRENE RIGAU

Exconsejera de Educación

«Si la ley fuese igual para todos, el Gobierno español y Rajoy estarían inhabilitados»

ARTUR MAS

Expresident de la Generalitat

Mas no podrá ser candidato a president aunque la sentencia no sea todavía firme

Artur Mas anunció ayer que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, que podrá confirmar la condena del TC, rebajarla, anularla o incluso elevarla –la sentencia que dicte en el caso de Homs será clave–. Es el paso previo a elevar el caso ante el Constitucional y, si se diera el caso, a instancias europeas. El expresident anunció ayer que así lo hará: «Este caso no acaba en un Estado que tiene la democracia amputada, acaba en el corazón de Europa».

No en vano, Mas no puede presentarse ahora como candidato a president, ya que la ley electoral lo prohibe aunque su inhabilitación no sea todavía firme. Quien sí puede mantener legalmente su cargo de diputada en el Parlament es Irene Rigau, ya que en su caso la sentencia no se hace efectiva hasta que sea firme.B.Z.

El Consejo de Europa advierte de que la suspensión de cargos electos es «problemática»

El Consejo de Europa publicó ayer el informe completo sobre la última reforma del Tribunal Constitucional aprobada por el PP en 2015. A las críticas publicadas como adelanto el viernes –la institución europea emplaza al Estado a cambiar aspectos como la nueva capacidad sancionadora del TC–, el informe completo añade elementos reveladores como el hecho de que la mayoría de agentes con los que la Comisión de Venecia –forma parte del Consejo– se entrevistó en el Estado confirmó que el «motivo político» de la reforma fue Catalunya.

El informe concluye que «sigue siendo poco claro si la suspensión se refiere solo a funcionarios o también a cargos electos», y añade que «la suspensión de miembros del Parlamento que tienen un mandato democrático del pueblo soberano podría ser problemática».B.Z.