Condenan a Mikel Cabieces, Mario Fernández y Rafael Alcorta por «apropiación indebida»
El tribunal decreta un año de cárcel para el exdelegado del Gobierno español y seis meses para el exdirector de Kutxabank y el abogado. Los tres son absueltos de la acusación de «falsedad en documento mercantil».
En la sentencia, la Audiencia Provincial de Bizkaia da por probado que, a primeros de 2012, una «personalidad relevante del mundo político» se puso en contacto con el entonces presidente de Kutxabank, Mario Fernández, para proporcionar al Delegado del Gobierno español saliente, Mikel Cabieces, «una salida u ocupación laboral en el ámbito privado».
Fernández ordenó al Director de Recursos Humanos del banco que se abonase a Cabieces durante tres años las cantidad mensual de 5.783 euros, más otros 900 euros en concepto de «gastos de viaje». Para dar «cobertura» a estos pagos Cabieces se incorporó formalmente al despacho de abogados de Alcorta, quien emitía las facturas mensuales de un «colaborador» que acudía «esporádicamente a su despacho». Alcorta cobraba a Kutxabank y pagaba a Cabieces con el dinero de la entidad pública.
La sentencia subraya que Mario Fernández «no pretendió en ningún momento un reforzamiento de la asesoría y asistencia jurídica de Kutxabank en materia laboral». Simplemente, ordenó los pagos «haciendo uso de su autoridad». «Miguel Ángel Cabieces cobró mensualmente de fondos provenientes de Kutxabank sin que tuviera ninguna obligación contractual con la entidad».
El tribunal entiende que los tres acusados son culpables de un delito de «apropiación indebida cualificado». Mario Fernández en calidad de «autor material», pero su condena es de seis meses ya que cuenta con «la atenuante muy cualificada de reparación del daño», al haber repuesto de su bolsillo el dinero abonado por Kutxabank, 243.592,02 euros.
Mikel Cabieces es considerado «cooperador necesario», y su condena se eleva hasta el año de cárcel, mientras que el letrado Rafael Alcorta es sentenciado a seis meses por «cómplice». Los tres son absueltos de la acusación de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía había pedido dos años de cárcel por «administración desleal» o tres años por «apropiación indebida». La sentencia puede ser recurrida en el plazo de cinco días.