La Fiscalía pide documentación sobre las irregularidades en la planta de biogás de Ultzama

La Fiscalía ha comenzado a actuar ante las irregularidades detectadas en la planta de biometanización de Ultzama por la Cámara de Cómptos, órgano fiscalizador al que ha solicitado documentación, según ha informado la presidenta de esta institución, Asun Olaechea.

Asun Olaechea ha comparecido de urgencia, a petición de Geroa Bai, EH Bildu y UPN, en comisión parlamentaria para presentar el informe sobre las ayudas públicas a la planta de biometanización de Ultzama.

La sesión ha tenido lugar un día antes de que el Parlamento navarro debata la creación de una comisión de investigación sobre este caso, que saldrá adelante ya que la mayoría ha avanzado su voto favorable.

En su respuesta a los grupos, Olaechea ha asegurado que siempre se han remitido a la Fiscalía cuando se han detectado situaciones similares, si bien nunca se habían encontrado un informe «tan contundente». Ha informado además de que ayer se reunieron con los titulares de Desarrollo Rural y Desarrollo Económico.

El informe de Comptos recoge que se han invertido 3,85 millones de fondos públicos (3,28 de la Comunidad foral) en una planta que funcionó tres años y siete meses de forma autónoma, catorce bajo secuestro municipal, y que actualmente se encuentra en estado de abandono y con la empresa concesionaria disuelta.

En primer lugar, la presidenta de Comptos ha remarcado la complejidad del proyecto y las dificultades con las que se han encontrado por las limitaciones derivadas de falta de documentación.

El gasto total estimado de la planta a partir de facturas y certificaciones que se presentaron para el cobro de subvenciones fue de 5,73 millones de euros. En ese gasto estimado constan conceptos que se han facturado por duplicado como los depósitos de digestión de anaerobia, 965.000 euros, y una parte de obra civil depósitos y urbanización, de 173.000 euros.

Tras explicar el sistema de facturación cruzada que se diseñó, ha apuntado que han constatado el incumplimiento de la legislación contractual por parte del Ayuntamiento en la adjudicación del anteproyecto, proyecto y dirección de obra, así como en la concesión de obra y cesión del contrato y subcontrataciones.