La incineradora arranca sin consenso y con un coste mínimo de 1.086 euros por habitante en Gipuzkoa

Las máquinas llevan días ya en Zubieta y hoy se realizará el acto oficial de primera piedra de la incineradora que reproduce el de 2011, de nuevo con PNV y PSE como protagonistas. Seis años después, el conflicto político y social sigue intacto, pero algunas cosas han empeorado, como la factura para las arcas guipuzcoanas: de 223 a 768 millones.

Seis años y dos meses después, las autoridades de la Diputación de Gipuzkoa vuelven hoy a Zubieta para consagrar el reinicio de las obras de la incineradora, desechada por el Gobierno de Bildu en la anterior legislatura y recuperada ahora. La sensación de déjà vu está justificada, dado que persisten casi intactas la batalla política de fondo, la división social y los temores ciudadanos sobre las afecciones de la planta. Pero sí hay una gran novedad desde entonces, que es una factura triplicada para las arcas guipuzcoanas. Aquellos trabajos fueron adjudicados a una UTE liderada por FCC por 223 millones de euros más el IVA correspondiente; estos se encomiendan a otra encabezada por Urbaser por un mínimo de 768 millones, que incluye la gestión de la planta hasta 2049.

Ello ha convertido a esta adjudicación, según han apuntado medios económicos especializados, en la contratación pública más cara de todo el Estado durante el pasado año. Dividido por cada habitante de Gipuzkoa, el coste por cabeza de esta planta asciende a 1.086 euros, sin tener en cuenta las previsibles desviaciones. EH Bildu augura que con el IVA y los sobrecostes se acabarán superando los 1.000 millones de euros.

La apuesta política de PNV y PSE por relanzar la incineradora era indudable y ha pasado por encima del escollo financiero sobrevenido en agosto de 2015, cuando dentro de los medidas de control de déficit el Estado decretó la adscripción pública del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y endosó su cuantiosa deuda a Diputación; un cambio sustancial que esta institución conoció días después pero que fue ocultado durante meses.

El «pelotazo»

La nueva situación hacía inviable embarcarse en un gasto tan voluminoso en los mismos parámetros anteriores, de modo que la solución improvisada fue privatizar la contrucción y gestión de la planta. Así, la UTE adelanta el gasto, pero luego este le será revertido con creces desde las arcas públicas, abocadas a un canon anual mínimo de 24 millones durante 32 años.

Si en 2011 la irreversibilidad de la incineradora se intentó blindar mediante aquel polémico swap celebrado con un banquete de angulas, la actual fórmula hipoteca a los gobiernos de las nueve próximas legislaturas poniendo una losa sobre los presupuestos guipuzcoanos hasta mitad de siglo.

Para la obra en sí de la planta se calcula un gasto de 217 millones, pero al final del contrato la UTE se habrá llevado ese mínimo de 768, o sea, un 245% más. Sin contar con otros ingresos como los procedentes de la electricidad, tanto mediante venta de kilovatios como obteniendo primas públicas a renovables. El plan de viabilidad garantizaba de entrada a la concesionaria un 10% mínimo de rentabilidad, pero todo apunta a que el beneficio será muy superior.

Entre medio, la Diputación y el Consorcio no han tomado ninguna posición ante un elemento sobrevenido tras la concesión: la implicación de Urbaser, cuyas oficinas han sido registradas, en la «Operación Lezo» que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por corrupción. Desde las instituciones se prefiere destacar que casi todo el resto de empresas de la UTE son guipuzcoanas y que se comprometen a concluir los trabajos para mediados de 2019.

Reciclaje y salud pública

El resto de debates en torno a la incineradora siguen latentes. Su necesidad es puesta en entredicho, pero la Diputación insiste en que no hay otra fórmula de resolver el conflicto de los residuos en Gipuzkoa. El diputado José Ignacio Asensio argumenta que pese a que se fomente el reciclaje tocará eliminar anualmente una cifra de 160.000 toneladas al año, que dice que permanecerá estable. No han estado sobre la mesa alternativas como el uso de la planta de Zabalgarbi, pese a que incluso relevantes miembros del PNV se han preguntado por qué Gipuzkoa no recurre a ella.

También persiste la discusión pública sobre las afecciones al medio ambiente y la salud humana o sobre la compatibilidad de esta apuesta con las directrices europeas sobre residuos.

Protesta ante el PNV

La última polémica se deriva de la protesta realizada el lunes tarde por miembros de Ernai, que depositaron basuras y pusieron una pancarta ante la sede del PNV en Donostia que tilda a este partido de «mafioso» por su actitud ante la incineradora. Sabin Etxea emitió un comunicado que exigía posicionarse a Sortu. Arkaitz Rodríguez replicó que no cabe dar a un hecho así «rango de atentado».

Cuatro iniciativas de GuraSOS para tratar de paralizar las obras

GuraSOS presentó ayer cuatro iniciativas que tiene previsto llevar adelante con la intención de paralizar las obras de la incineradora. La primera es la vía judicial que han estado recorriendo hasta ahora y en la cual están «dispuestos a continuar hasta la última instancia».

La segunda busca incidir en la financiación del proyecto. «El mayor inversor es Meridiam, un grupo con sede en París, que aporta el 50% de la financiación. Este grupo financiero tiene unos principios éticos para evitar la corrupción. Les hemos pedido una reunión y les vamos a hacer llegar un dossier con toda la información, y además les diremos que el segundo grupo inversor más importante –Urbaser– está implicado en el caso de corrupción más grande del Estado español», explicaron. Indicaron que el dinero aportado por Meridiam proviene mayormente de fondos de pensiones de familias escandinavas, por lo que «de padre a padre, de madre a madre, les pediremos que nos ayuden a que la entidad en la que participan no financie este proyecto».

Las otras dos iniciativas restantes son de carácter participativo. Por un lado está Hitz-Hartu, proceso guiado por un grupo de la UPV-EHU en el que pedirán a la ciudadanía que tome parte para definir el PIGRUG, es decir, para «hacer lo que les corresponde a los políticos y no han hecho». Una vez definido lo presentarán a los grupos políticos, por lo que esperan que la ciudadanía participe ampliamente para movilizarlos después a ellos.

Junto a todo ello, presentaron Gipuzkoa+Technology, una iniciativa emprendedora enfocada a I+D «con impulso social que buscará convertir a Gipuzkoa en una referencia tecnológica y social en la gestión de residuos». «Hasta ahora se ha malgastado mucha energía en conflicto. Aprovechemos esa energía e información que tenemos y démosle una salida positiva», pidieron. Nagore BELASTEGI