Ofensiva del Foro Social para abrir camino al retorno de los presos

El Foro Social Permanente ha presentado sus conclusiones para una hoja de ruta consensuada entre instituciones vascas, sociedad civil y personas presas por delitos de motivación política que permita su retorno. Y lo acompaña de una batería de iniciativas, desde la sociedad civil, para «desatascar los bloqueos». Brian Currin anima el intento, advirtiendo que puede ser «largo y arduo».

Ante casi 200 personas, el Foro Social Permanente ha presentado esta tarde en Iruñea sus nuevas conclusiones y su propia aportación para lograr la «reintegración de las personas presas». Por la senda que llevó a la culminación del desarme de ETA, apuesta por la iniciativa de la sociedad civil, en este caso en triangulación con las instituciones vascas y con las propias personas presas. A los estados les insta a «reflexionar y no desaprovechar las oportunidades».

Las conclusiones proceden del IV Foro Social dedicado monográficamente a este tema y celebrado en Donostia en marzo. Se basan en proponer un «consenso suficiente y transversal» sobre tres principios: «La desactivación de las medidas de política penitenciaria que contravienen derechos humanos fundamentales», «el fin de la excepcionalidad penitenciaria para con presas y presos por delitos de motivación política como paso previo al desarrollo de una justicia de carácter transicional» y «la transferencia a la CAV y a Nafarroa de la competencia de prisiones» acompañándola de «un plan de reintegración, temprano e individualizado, de las personas presas».

Según han detallado Juanje Soria y Nekane Altzelai, en el primer bloque se incluyen medidas como la excarcelación de los presos enfermos, el fin del alejamiento, que las personas presas sepan con certeza cuál es la expectativa de duración de su pena (sin prórrogas posteriores impuestas), que quienes tienen condenas de larga duración puedan ver revisadas las mismas «con una expectativa razonable y factible de excarcelación», que se ponga fin a la aplicación sistemática del aislamiento y el primer grado, que se garantice a las personas presas una comunicación digna y que puedan estudiar sin restricciones.

En cuanto al fin de la excepcionalidad planteado, se traduce en el fin de la política de rechazo sistemático a la progresión de grado, la derogación de las medidas excepcionales de la crucial ley 7/2003 de la era Aznar, la concesión de libertad condicional inmediata cuando se hayan cumplido dos tercios o tres cuartos de condena, la derogación de la prisión permanente revisable y la devolución a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria naturales de las competencias ahora centralizadas en la Audiencia Nacional.

Entre las bases para este plan se plantea la implicación de las personas presas, «profundizando en los caminos de rechazo individualizado al uso de la violencia, en su compromiso inequívoco con las vías pacíficas y democráticas, y el reconocimiento expreso del daño causado en su caso, como voluntad clara de reparación del mismo».

Ronda de contactos
El Foro Social Permanente añade una «aportación desde la sociedad civil» para esa hoja de ruta consensuada. Begoña Huarte y Agus Hernán han incidido en que «la sociedad civil debe jugar un papel fundamental en desatascar los bloqueos que impiden que esta problemática se encare desde propuestas razonables, dentro de las oportunidades que ofrece una interpretación flexible de la legalidad penitenciaria vigente, enmarcada en el nuevo escenario político».

A tal efecto, pondrá en marcha múltiples iniciativas: facilitar todos los marcos de diálogo con instituciones, partidos, sindicatos y otros agentes, con una ronda de contactos «a partir de hoy»; solicitar reuniones con los colectivos de presos y presas en los dos estados; animar a la implicación de personas procedentes del ámbito jurídico que puedan analizar, elaborar o impulsar iniciativas jurídicas para desbloquear y desmontar todo el entramado de medidas y normas de excepción: invitar a sectores específicos con gran peso como los sindicatos, la universidad y la comunidad religiosa para que ayuden a activar «una corriente social mayoritaria»; llevar el tema a la opinión pública del Estado español; y reclamar que continúe la implicación positiva de la comunidad internacional.

Currin y Asiron
Desde la misma ha intervenido Brian Currin, coordinador del Grupo Internacional de Contacto. Tras remarcar la importancia de solucionar la cuestión de los presos en cualquier proceso de paz del mundo con ejemplos de Irlanda y Sudáfrica, ha considerado que es factible un consenso amplio en Euskal Herria sobre las cuestiones planteadas. No obstante, ha querido destacar que luego hará falta «llevarlo a las instancias gubernamentales y que se adopte de modo formal, porque ahí está el poder realmente», y, en tercer lugar, tocará ejercer una función de «lobby» ante Madrid que efectivamente dé resultados. «Os guste o no, habrá que convencer a Madrid de que haga lo que tenga que hacer –ha insistido Currin–. Pero la clave del éxito está en vuestra capacidad de trabajar juntos. Este documento sienta las bases para que lo que debe ocurrir ocurra, pero será un proceso largo y arduo. Mucha suerte y mucha fuerza».

La sesión de Iruñea ha sido abierta por el alcalde, Joseba Asiron, que ha elogiado esta implicación civil en la búsqueda de la paz y ha demandado terminar con una concepción de la Justicia equiparable con «venganza». Para ello ha parafraseado a Humberto de la Calle, el jefe de la delegación del Gobierno colombiano en la negociación con las FARC: «La justicia ciega no puede obstaculizar el logro de la paz. Hay formas de justicia restaurativa que contribuyen a una más amplia satisfacción de los derechos de las víctimas».

La jornada la cierra con una conferencia el noruego Johan Galtung, considerado una de las mayores referencias académicas del mundo en cuestiones relativas al logro de la paz.