Las «irregularidades» de UAGN «no tienen entidad suficiente» para ser «fraude», según la juez
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Iruñea ha archivado las diligencias abiertas por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental por irregularidades por parte de responsables de la UAGN en la realización de cursos subvencionados por el Gobierno de Nafarroa, al entender que estas «no tienen la entidad suficiente para considerarlo un fraude».
El procedimiento se incoó tras una denuncia en la que se ponía de manifiesto que la organización agraria, su fundación Fundagro y la Asociación de Mujeres Rurales de Navarra (AMUR) «habían cometido irregularidades» en la realización de cursos subvencionados por el Ejecutivo foral, que habrían consistido en la falsificación de firmas de supuestos asistentes a los cursos e incluso la justificación de acciones formativas que realmente no habrían tenido lugar.
En el auto, que puede ser recurrido, la juez sostiene que no se desprende que en el presente caso, los responsables de Fundagro y de AMUR, con respaldo de la UAGN, «hubieran articulado una maquinación fraudulenta con el único fin de causar engaño al Gobierno de Navarra y así obtener un enriquecimiento injusto».
«Lucro que por otro lado no se ha acreditado, ya que no consta ningún elemento indiciario que permita afirmar que los responsables, hasta ahora investigados, hayan obtenido un beneficio económico personal en esta gestión».
Según la magistrada, está acreditado que los cursos de formación no eran parte de un proyecto inventado o ficticio, sin ningún viso de realidad y que su supuesta realización integrara el engaño propio de una estafa.
Los proyectos existían y se ejecutaban tal y como ha quedado probado en la documental analizada, si bien concluye que se produjeron «irregularidades» en la elaboración de los expedientes que debían justificar la obtención y destino de las subvenciones.
Precisa, no obstante, que desde el punto de vista penal «las irregularidades denunciadas no tienen la entidad suficiente para considerarlo un fraude en la obtención de fondos públicos».
En este sentido argumenta que el tipo penal exige que se hayan falseado las condiciones requeridas para su concesión u ocultado las que la hubiesen impedido, «y en el presente caso no se considera que se haya producido esta falsedad de condiciones aunque sí se haya puesto de manifiesto una tramitación irregular supliendo datos de forma indebida, rellenando hojas de asistentes o justificando servicios prestados con documentación no elaborada por tales prestadores».
«Contaban con el visto bueno del Gobierno»
Destaca además que «no en todas y cada una de las actividades que integraban cada proyecto se faltaba a la verdad o se falseaban y lo cierto es que estos proyectos eran conocidos y contaban con el visto bueno del Gobierno de Navarra, quien nunca consideró que se hubiesen producido irregularidades».
Respecto a los responsables, indica que «no es posible exigir a los miembros de la junta una responsabilidad penal en tanto en cuanto los proyectos se les presentaban auditados y justificados, sin apariencia de ninguna irregularidad, de modo que ninguna voluntad de fraude se ha podido desprender de su actuación».
Al respecto puntualiza que «más bien al contrario», que queda «claro cómo llevaron a cabo acciones para devolver el importe recibido y evitar a futuro incidencias similares».