Una ley clara y un cese fulminante refuerzan la vía hacia el referéndum

Puigdemont cesó a última hora de ayer al conseller Jordi Baiget por sus dudas acerca del plebiscito. Por la mañana se filtró un contundente borrador de la ley de referéndum.

«El president Puigdemont nombra a Santi Vila conseller de Empresa y Conocimiento. El titular de Cultura sustituirá en el cargo a Jordi Baiget». Bajo esta escueta y aséptica nota publicada por el servicio de prensa del Govern ayer hacia las 21.00 se esconde una de las decisiones más contundentes que Puigdemont ha tomado desde que está en el cargo: el cese inmediato de un conseller por haber puesto en duda la celebración del referéndum del 1 de octubre. Una decisión que, sumada a la publicación de un contundente borrador de la ley del referéndum, dio ayer un fuerte impulso al camino hacia el plebiscito.

La fecha marcada en el calendario mediático era la de hoy, cuando, a mediodía, Junts pel Sí y la CUP tienen previsto explicar en el Parlament «la parte legislativa» del referéndum, algo que JxSí hará también por la tarde en un acto público en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Pero uno de los problemas de las instancias políticas catalanas es que son auténticos coladores por los cuales la información siempre se acaba filtrando antes de tiempo a los medios, a veces malintencionadamente, otras veces por afán de protagonismo; a veces como táctica útil, otras veces por simple estupidez. Sea como fuere, ayer el programa de Mònica Terribas en Catalunya Ràdio dio a conocer un borrador del texto de la ley del referéndum de autodeterminación al que todos otorgaron una credibilidad inmediata –a diferencia de las informaciones de “El País”, que ayer introdujo en el diccionario de sinónimos «asambleario» y «bolivariano»–.

El borrador es un texto breve, con un articulado de apenas una página –cabe suponer que el definitivo será más amplio– y contundente, en el que se establece sin subterfugios ni ambigüedades que se trata de una ley que «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas con las que pueda entrar en conflicto, en tanto en cuanto regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Catalunya». Es decir, según los legisladores catalanes, la norma catalana quedará por encima de la española, lo que en la práctica no significa más que declararse desobediente a la legalidad española.

Para sostenerlo, la ley se escuda en la legalidad internacional –Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Tribunal Internacional de Justicia–, en el recuerdo de la «anulación parcial y la completa desnaturalización del Estatut» y en la simple legitimidad democrática: «La aprobación de esta ley es la máxima expresión del mandato democrático surgido de las elecciones del 27 de setiembre».

Además, el documento legal, que solo conocen íntegramente media docena de personas, según “La Vanguardia”, y que no será aprobado hasta finales de agosto según el calendario actual, tratará de ofrecer amparo jurídico a todos los implicados. «Todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen ya sea directamente, ya sea indirectamente en la preparación, celebración y/o implementación del resultado del referéndum, quedan amparadas por esta ley».

Cese por la vía rápida

La inyección de ánimo a los sectores independentistas quedó aguada durante el día por las declaraciones del conseller de Empresa, Jordi Baiget, que en una entrevista en “El Punt-Avui” aseguró que «probablemente no podremos hacer el referéndum, y podremos hacer una cosa diferente». «Hemos tendido a menospreciar al Estado, y el Estado tiene mucha fuerza», añadió Baiget, quien aseguraba que «una parte del Govern no estamos en el nucleo duro de las decisiones, y eso genera lo que genera». Además, el conseller deleitó con una perla a los amantes de los tópicos catalanes: «¿Ir a la cárcel? Lo aguantaría. Pero no que vayan contra el patrimonio».

No dejan de ser dudas que, a día de hoy, muchísimos catalanes comparten, pero lo cierto es que no aportan demasiada confianza viniendo del miembro de un Gobierno cuyo leit motiv desde el pasado setiembre es, precisamente, «referéndum o referéndum». En consonancia, pese a que el PDeCAT respaldó a Baiget y ERC trató de quitar hierro al asunto, la CUP no tardó en pedir su dimisión a través de la diputada Mireia Boya. «Aquel conseller que piense que el 1 de octubre será un 9N y tenga miedos patrimoniales debería apartarse». La sorpresa llegó a última hora, cuando el Govern informó del cese inmediato de Baiget y su sustitución por Vila –por cierto, otra de las voces más ambivalentes del Govern en cuanto al referéndum–.

El fulminante cese decretado por Puigdemont calmó la tensión entre JxSí y la CUP que venía creciendo tras la detención, por parte de los Mossos pero con mandato judicial, de tres militantes de Arran –organización juvenil de la Esquerra Independentista – por una pequeña acción ante la sede del PP. Los tres militantes fueron liberados tras prestar declaración ante el juez, lo cual no evitó una escalada de tensión entre lo más exaltado de cada campo.

Será una de las canciones del verano, al son de la que bailarán con gusto, sobre todo, los Comuns. Aunque solo sea por desviar un poco el foco informativo que permanente pende sobre ellos: ayer fue duramente criticada en ámbitos independentistas la entrevista que Ada Colau ofreció a “El Periódico” con el titular «Por el referéndum del 1-O no pondré en peligro a los funcionarios». «Parece difícil que en tan poco tiempo se den las condiciones para un buen referéndum», añadió.

Explicar las garantías

Malintencionadas o no, las dudas de Baiget y de Colau con el referéndum son alimentadas por la falta de información sobre los detalles acerca del plebiscito. Un secretismo comprensible en la medida en que se enmarca en un juego del gato y el ratón con el Estado, pero que los líderes independentistas no pueden alargar mucho más. Hoy a mediodía en el Parlament –cita a la que no irá ICV, que forma parte de los Comuns– y por la tarde en el TNC tendrán la mejor ocasión de empezar a calmar los nervios.

Las dudas a las que el Govern debe todavía responder

La filtración del borrador de la Ley del referéndum aclara una de las dudas sobre la ruta hacia la independencia, ya que todavía no se sabía si la ley de transitoriedad jurídica y la del referéndum se iban a aprobar conjuntamente –finalmente la aplicación de la primera se deja para después del referéndum, en caso de victoria del Sí –. Pese a esta aclaración, son muchas las dudas a las que la mayoría independentista debe dar respuesta todavía. De hecho, difícilmente podrá aclararlo todo en los actos de mañana.

Entre las cuestiones a resolver está, en lugar destacado, el censo electoral –junto al voto de extranjeros y el voto por correo–. También habrá que detallar cómo será la autoridad electoral y cuál será quórum mínimo –aunque sea el del 50%–, cómo se conseguirán las urnas y qué puntos de votación existirán. Y sobre todo, cómo se decidirá quién forma parte de esas mesas encargadas de velar por la pulcritud del proceso.B.Z.