El Estado tratará de parar el plebiscito catalán mediante el ahogo económico

El Gobierno español decidió ayer que intensificará su control sobre unas cuentas catalanas ya intervenidas, exigiendo un certificado semanal que muestre que no se gasta ni un euro en el referéndum. De lo contrario, amenazan con cortar la financiación a la Generalitat.

El titular no es tan impactante como las querellas contra dirigentes independentistas o como la irrupción de la Guardia Civil en el Parlament, pero la amenaza que ayer llegó a Catalunya desde Madrid no es menor, ni mucho menos. Con las vías de financiación exterior vetadas y con una capacidad mínima de recaudar impuestos propios, la Generalitat depende del Estado para financiar todos sus gastos. Lo hace a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que no son sino créditos que luego la Generalitat devuelve al Estado con intereses.

Consciente de la debilidad financiera de la Generalitat, el Consejo de Ministros decidió ayer exigir al Govern que presente semanalmente certificados que demuestren que no se ha gastado ni un solo euro en la organización del referéndum del 1 de octubre. Si no lo hace, el portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, amenazó con cortar el grifo y dejar a la Generalitat sin liquidez. Es un importante cambio en la estrategia del Estado –y un síntoma de la dimensión que está tomando el 1-O–, ya que hasta ahora habían insistido en que sus acciones se dirigirían exclusivamente contra los dirigentes y cargos independentistas, y no contra el conjunto de ciudadanos, como ahora.

El PDeCAT y ERC reaccionaron rápidamente exigiendo la comparecencia del ministro de Hacienda y encargado del FLA, Cristóbal Montoro, en el Congreso. El Estado «vuelve a demostrar que ya solo sabe infundir el miedo para disuadir a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya», declaró la diputada republicana Ester Capella.

«Ni un euro de los catalanes irá a parar a un referéndum ilegal que solo quieren unos pocos», consideró, a su vez, Méndez de Vigo, ignorando la enésima encuesta que ayer plasmó el ampliamente mayoritario consenso catalán a favor de un referéndum (71,4%).

Encuesta del CEO

Se trata de la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, que ayer preguntó por vez primera sobre el referéndum del 1 de octubre, con buenos resultados para el independentismo. El sondeo auguró una importante participación del 67,5% –mayor que en las últimas elecciones estatales– y una holgada victoria del «Sí», que lograría el 57,8% de los votos, mayor que en el referéndum de Montenegro, aceptado por la Unión Europea. Si la encuesta acertase, el problema para el Estado español sería mayúsculo.

Pero otros datos rebajaron la euforia soberanista, ya que en términos generales, más allá del referéndum del 1-O, aumenta la distancia entre los contrarios a la independencia (49,4%) y sus defensores (41,1%).

Entre las cifras de la encuesta realizada a 1.500 personas, destaca además el amplio apoyo que el 1-O cosecha entre los votantes de Catalunya Sí que es Pot (Podemos y ICV-EUiA), que se sitúa en un 45,6%, frente a un 30,2% que solo lo defiende si es acordado con el Estado.