JxSí y la CUP dan luz verde a la reforma que permitirá aprobar las leyes de desconexión
La mayoría independentista del Parlament ha hecho valer su mayoría para aprobar la reforma del reglamento de la cámara catalana, de forma que, a partir de ahora, las proposiciones de leyes presentadas por un grupo parlamentario podrán tramitarse por la vía rápida. Se trata de un paso clave para poder aprobar la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica.
Pese al ruido de la oposición, que no ha desaprovechado el último pleno parlamentario del curso político para cargar contra el referéndum del 1 de octubre, Junts pel Sí y la CUP han hecho valer su mayoría parlamentaria para aprobar esta tarde la reforma del reglamento del Parlament. Un paso crucial para poder aprobar tanto la Ley del referéndum como la de Transitoriedad Jurídica.
La reforma incluye la modificación de una veintena de artículos del reglamento, incluido el que habilita al Parlament a reiniciar sus actividades el 16 de agosto –hasta ahora se volvía de vacaciones el 1 de setiembre–. Pero es la reforma del artículo 135 la que ha concentrado toda la atención, ya que es la que habilita a un grupo parlamentario a tramitar una proposición de ley mediante lectura única, es decir por la vía rápida.
Se trata de algo que ya se puede hacer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, pero que en Catalunya hasta ahora solo lo podía hacer el Govern con sus proposiciones de ley, o en el supuesto en que una proposición contase con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. La reforma permitirá a la mayoría independentista aprobar la Ley del Referéndum y la de la Transitoriedad Jurídica por el procedimiento acelerado, con el objetivo de limitar la capacidad del Estado español de paralizar la tramitación.
Entre la descalificación y el CGE
Toda la oposición contraria al referéndum, desde Ciutadans a Catalunya Sí que es Pot (CSQP), pasando por PP y PSC, ha criticado duramente la reforma, calificándola genéricamente de «antidemocrática», «cacicada» o «cínica». De hecho, C's y PP han confirmado que llevarán la reforma al Tribunal Constitucional.
Todos han coincidido también en aferrarse a un dictamen previo del Consell de Garantíes Estatutaries, un órgano consultivo de la Generalitat que valora la adecuación de las leyes catalanas al Estatut y a la Constitución. Aunque el CGE no atacó el fondo de la reforma, sí que criticó que sea utilizada para tramitar leyes complejas y de gran trascendencia.
Por su parte, tanto la CUP como JxSí han defendido la reforma alegando que es la única manera de alcanzar un bien superior, como es conseguir que todos los catalanes puedan votar en el referéndum del 1 de octubre. «Nosotras trabajamos para hacer posible un marco de decisión para que se expresen tanto el Sí como el No, mientras vosotros solo avaláis a los del No», apuntó la diputada de la CUP Anna Gabriel, a quien siguió el diputado de JxSí Roger Torrent, que recordó al PP que llevarán esta reforma ante el TC gracias a la reforma de dicho tribunal que su partido aprobó en el Congreso también mediante el procedimiento de lectura única. «Cinismo es decir que esta es una reforma mordaza mientras fuera están imputando a gente por querer poner urnas», añadió.