La Fiscalía llama a declarar a los primeros cinco alcaldes por el 1-O

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dictado sendos oficios en los que ordena al fiscal superior de Catalunya realizar las primeras citaciones a los alcaldes que han anunciado que colaborarán con el referéndum del próximo 1 de octubre, y que son los que tienen condición de aforados por ser cuatro de ellos diputados autonómicos y otro diputado en el Congreso.

Así, deberán declarar ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como investigados, asistidos de abogados, los primeros ediles de Mollerussa (Marc Solsona), La Seu d'Urgell (Albert Batalla), Valls (Albert Batet) y Villanova i la Geltrú (Neus Lloveras) puesto que son diputados en el Parlament catalán; y ante la Fiscalía del Supremo el alcalde de Tortosa Ferrán Bel, que es diputado en el Congreso español. Todos ellos pertenecen al PDCat.

Ellos forman parte de la lista de 712 alcaldes a los que Maza pidió citar como imputados por firmar decretos para ceder locales al Govern de la Generalitat para organizar el referéndum soberanista del 1 de octubre.

Pero, debido a su aforamiento, los diputados autonómicos solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia catalán y el diputado nacional por el Tribunal Supremo.

Así, Maza se ha dirigido al fiscal superior de Catalunya y al fiscal jefe de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español para que procedan a incoar diligencias de investigación para determinar si esos ayuntamientos cooperan en la organización del 1-O y para citar como investigados a los cinco alcaldes.

Fuentes de la Fiscalía han explicado que cada fiscalía provincial realizará las gestiones oportunas para determinar si hay más alcaldes aforados y, una vez que se confirme, se procederá del mismo modo con ellos.

A diferencia del oficio que remitió Maza a esas fiscalías provinciales esta semana para pedir que se investigara a los alcaldes, en esta ocasión no pide la detención de los citados si se niegan a comparecer.

En relación con todos ellos, el oficio señala que debn incoarse diligencias de investigación para esclarecer, en relación con todos los ayuntamientos citados, si están «cooperando en la organización del referéndum ilegal». Ordena en este sentido que los aforados sean citados ante la Fiscalía que corresponda.

El resto de los oficios reproducen lo señalado el pasado miércoles en relación con otros alcaldes no aforados, aunque en el caso de estos últimos advertía expresamente de que en el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales territoriales se ordenaría a los Mossos d'Esquadra que lleven a cabo su detención. Los oficios relativos a aforados no advierten de detenciones.

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de «los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación» hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de «al menos los delitos de desobediencia y prevaricación en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico», ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos.