Altos cargos del Govern detenidos por el 1-O denunciarán al Estado español en Estrasburgo

Los abogados de los altos cargos del Govern que fueron detenidos por organizar el referéndum del 1-O denunciarán al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por «grave violación de los derechos fundamentales».

El exsecretario general del Departamento de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, ha sido el primero de los que fueron detenidos que ha iniciado la elaboración de la demanda contra el Estado español, pero, según ha indicado en una rueda de prensa su abogado, Andreu Van den Eynde, se espera que en los próximos días otros detenidos actúen en el mismo sentido.

La demanda se presenta directamente en el Tribunal de Estrasburgo porque, según ha explicado, «se entiende que la vía interna dentro del Estado ya ha quedado agotada, puesto que el Tribunal Constitucional ha sido el motor de las demás acciones y, al imponer sanciones económicas, ha actuado como parte en el conflicto, es decir, ha sido juez y parte».

Van den Eynde ha explicado que en el Tribunal de Estrasburgo se denunciará una «grave vulneración de derechos humanos fundamentales recogidos en los tratados internacionales», pero los abogados también estudian emprender «acciones penales contra quienes, en particular, están conculcando con sus decisiones derechos de los catalanes».

«A nadie se le va a dejar de pedir responsabilidades penales por sus actos, desde fiscales y jueces hasta los responsables policiales», ha advertido el abogado, ya que, a su juicio, están «impulsando un estado de excepción sin que haya sido declarado legalmente, y se ha producido de facto una suspensión de los derechos y garantías de los catalanes».

Según el abogado de Jové, «la Fiscalía y los jueces solo recogen en sus pronunciamientos leyes españolas, haciendo una interpretación de las mismas, pero se olvidan de que España está obligada a garantizar los derechos recogidos en los tratados internacionales que ha suscrito».

Ha especificado, en este punto, que «las detenciones por razones políticas, las prohibiciones, los registros, las confiscaciones, las amenazas a medios de comunicación o la censura de páginas web» constituyen «graves violaciones de derechos democráticos básicos que, en Catalunya, han quedado en barbecho».