Los académicos y observadores internacionales critican la violencia policial
El grupo de académicos y profesionales elegidos que han seguido el referéndum y el grupo de diputados internacionales que han ejercido como observadores han criticado la «violencia» y «represión policial», frente a la actitud pacífica de los votantes.
El catedrático de Ciencias Políticas Ferran Requejo, miembro del equipo de siete académicos que han supervisado el referéndum, ha constatado que el referéndum «se ha podido realizar», aunque no se han iniciado las votaciones de forma simultánea por problemas informáticos y se han abierto 2.162 colegios electorales de los 2.315 previstos inicialmente.
Ha destacado que los Mossos d'Esquadra han cerrado 160 colegios electorales «sin ningún herido», mientras que la Policía española y la Guardia Civil han incurrido en «una desproporción en el uso de la fuerza» cerrando «aproximadamente 90 puntos de votación», con un saldo de 844 heridos, dos de ellos en estado grave.
Los académicos que conforman el grupo, además de Ferran Requejo, son los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Enoch Albertí y Joan Vintró, la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona Mercè Barceló, el decano de la facultad de Derecho de la UPF, Josep Maria Vilajosana, el abogado Ignasi Faura y el notario Eladi Crehuet.
También han comparecido en rueda de prensa los 33 diputados de 17 países que conforman la delegación internacional invitada por el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) para ejercer como observadores del referéndum.
El portavoz de la delegación, el exministro de Asuntos Exteriores esloveno Dimitrij Rupel, ha censurado la «violencia»de la policía, el «sabotaje electrónico» y la requisación de urnas.
Frente a ello, ha destacado la actitud pacífica de los votantes y su «integridad» para defender su derecho a voto, pero también debilidades, como la falta de una junta electoral o la confiscación de urnas.
En este contexto, ha deseado que el Gobierno español entre «en verdaderas negociaciones» con la Generalitat para dar salida al conflicto.