Un informe constata 893 personas heridas en Catalunya por las cargas policiales del 1-O
Un informe elaborado por el Centro para la defensa de los derechos humanos Iridia, centrado principalmente en Catalunya, recoge las violaciones de derechos civiles y políticos que se dieron entre el mes de setiembre y el pasado 7 de octubre. Entre otras aportaciones, constata que el día del referéndum se registraron 893 personas heridas a raíz de las cargas policiales.
Un extenso y detallado informe elaborado por el centro Iridia, cuya versión íntegra se puede descargar en esta página en formado PDF, recoge de manera exhaustiva las vulneraciones de derechos civiles y políticos que se registraron principalmente en Catalunya entre el mes de setiembre y el pasado 7 de octubre.
Esas violaciones de derechos humanos aparecen clasificadas en diferentes apartados, tales como el derecho a la integridad física y moral, el derecho a un proceso justo y equitativo, el derecho a la vida privada y a la correspondencia, el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la libertad de reunión pacífica. Entre otros datos llamativos, constata que el 1 de octubre, el día del referéndum, un total de 893 personas fueron heridas a causa de las cargas policiales.
El informe ha sido elaborado en el marco de la campaña #SomDefensores, que nace en setiembre de 2017 de la necesidad de llevar a cabo un trabajo conjunto y de coordinar acciones de distintas organizaciones catalanas de defensa de derechos humanos, en la previsión de lo que el Estado preparaba ante la convocatoria del 1-O.
El pasado 17 de octubre, se presentó el documento en Madrid a representantes del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU y a distintos grupos parlamentarios del Congreso.
Además, se hará llegar a diferentes instancias, también internacionales: ONU, Consejo de Europa, Unión Europea, OSCE, Defensor del Pueblo, Síndic de Greuges. En el caso de los Relatores Especiales de la ONU, se les planteará que consideren la posibilidad de solicitar de oficio una visita oficial a las autoridades competentes españolas y catalanas.