La situación de Puigdemont en Bélgica, país de excepción en el corazón de la UE

El president, Carles Puigdemont, ha negado hoy que vaya a pedir asilo político en Bélgica, pero está por ver cómo se desarrollan los acontecimientos si el Estado español cursa una orden europea de detención y entrega. Los tratados de la Unión Europea restringen la concesión de asilo político a ciudadanos de países de la propia UE, pero Bélgica se ha erigido históricamente como una excepción en la defensa de su soberanía a la hora de conceder refugio político.

De momento, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha negado que vaya a pedir asilo político a Bélgica, donde se ha instalado junto a la mitad de su Govern. Sin embargo, todo podría cambiar si desde el Estado español se pide a Bélgica la entrega de Puigdemont para que comparezca ante la Audiencia Nacional española. Veamos los pasos.

Se espera que la AN acepte hoy a trámite la querella por rebelión y sedición presentada ayer por la Fiscalía, tras lo cual citará a declarar a los acusados en los próximos días –la Mesa del Parlament lo hará entre el 2 y el 3 de noviembre en el Tribunal Supremo–. Puigdemont no ha aclarado si acudirá o no, pero ha señalado: «Si se pudiera garantizar un juicio justo y con separación de poderes, volveríamos inmediatamente». Se entiende que no cree que existan dichas garantías.

Si Puigdemont no acude a declarar, sabiendo que está en Bruselas, los juzgados españoles podrían emitir una orden europea de detención y entrega contra el president y los miembros del Govern desplazados a Bélgica. Si la justicia belga accediese a la petición, Puigdemont podría repensarse su decisión de no presentar la petición de asilo como forma de impedir su entrega al Estado español.

El asilo en Bélgica, una ‘rara avis’ en plena UE

En el contexto europeo, España y Bélgica son países antagónicos en lo que a la concesión de asilo político se refiere. En 1999, la UE adoptó el Protocolo número 24 sobre «asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea». Una ordenanza bautizada como «Protocolo Aznar» debido a que fue el expresidente español el impulsor de una norma que pretendía poner fin al asilo que algunos refugiados vascos encontraban en países europeos. Especialmente en Bélgica, de hecho.

El protocolo establece que «dado el grado de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de los Estados miembros», se considera que estos «constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los efectos jurídicos y prácticos en relación a los asuntos de asilo». Por todo ello, establece unos pocos casos en los que estaría justificada la concesión de asilo.

Uno de esos casos excepcionales fue incluido años más tarde, en 2008, precisamente a petición de Bélgica. En ella se lee que se puede conceder el asilo «si un Estado miembro así lo decidiera unilateralmente respecto de la solicitud de un nacional de otro Estado miembro». Es esta excepción a la que podría aferrarse Puigdemont si decidiese dar el paso.

¿Qué procedimiento se sigue?

Según se filtró ayer, Puigdemont ya tiene asesor legal en Bélgica. No es otro que el flamenco Paul Bekaert, con una amplia experiencia en casos de derechos humanos y demandas de asilo en Bélgica. Incluidos los casos de varios refugiados vascos, tal y como se ha repetido profusamente en la prensa.

La petición de asilo debe presentarse ante la Oficina de Extranjería, que lo deriva al Comisariado General para Refugiados y Apátridas, un organismo independiente –no es gubernamental– que cuenta con un mecanismo abreviado para analizar las peticiones que le llegan desde ciudadanos de Estados miembros de la UE. Tiene cinco días para contestar y, en caso de negativa, cabe presentar un recurso, dentro de los 30 días siguientes, ante el Consejo para el Litigio del Derecho Extranjero.