Lamela cita a Puigdemont y al resto de consellers y les reclama una fianza de 6,2 millones
La juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela ha citado el jueves y viernes como investigados al president catalán Carles Puigdemont y a los 13 consellers del Govern contra los que ayer se querelló la Fiscalía por delitos de «rebelión, sedición, malversación y otros conexos». Les ha dado un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros.
Carmen Lamela, juez de la Audiencia Nacional española, ha admitido la querella de la Fiscalía por delitos de «rebelión, sedición y malversación de fondos públicos» contra el president de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 13 miembros del Govern.
En el mismo auto en el que la magistrada se declara competente para investigar los hechos acuerda como primera diligencia citar a los 14 querellados, en calidad de investigados, para el próximo jueves, 2 de noviembre, y viernes, 3 de noviembre, a las 09:00 «para declaración y a fin de valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal».
Además de las citaciones, Carmen Lamela acuerda fijar a los 14 querellados una fianza de 6.207.450 euros con «apercibimiento de embargo» si no la depositan en el plazo de 3 días. La juez ordena también que se incorporen a la causa las copias de diferentes acuerdos adoptados por el Parlament en los últimos meses, así como los últimos decretos del Govern en relación con el procés.
En su auto, Lamela explica que investiga «una conducta que va encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado, por lo que puede encajar en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno».
Lamela concluye que del relato del fiscal se desprende que los querellados «urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada, y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas ( ANC y Omnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre».
La juez considera que la querella del fiscal expone de manera «seria, racional y lógica, los motivos que llevan al Ministerio Fiscal a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación».
La magistrada explica en su escrito que procede incorporar la querella a la causa donde ya se investiga por sedición a los presidentes de ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados desde hace más de dos semanas por la misma jueza.