Las elecciones Urkullu, las ANC y las 21D

Hace ya semanas que todas las fuerzas políticas catalanas coincidían, en público o privado, en una sola cosa: con el grado alcanzado por este pulso, la legislatura ya estaba agotada y habría elecciones sí o sí a corto plazo. El independentismo no debería tener miedo a las urnas, no más que el unionista. Y, de hecho, no lo tiene: «Somos los campeones de la democracia», ha dicho Oriol Junqueras en TV3. Pero simplificaciones como las de equiparar las elecciones que Puigdemont rechazó convocar el frenético jueves pasado con las que acata hoy desde el exilio en Bruselas resultan peligrosas e injustas, porque no todas las convocatorias electorales son iguales, ni en su sentido político ni en sus condiciones ni en sus efectos posteriores. Veamos los tres esquemas que han estado sobre la mesa en esta última semana, por orden puramente cronológico:

El primer diseño a punto de materializarse fue el que para entendernos en Euskal Herria podríamos llamar «elecciones Urkullu», aunque estén lejos de aclararse el grado de relevancia que tuvo el lehendakari de la CAV en la maniobra y el contenido exacto de la operación. Se trataba básicamente de un quiebro destinado a evitar como fuera la DUI, pero que como dejaron claro inmediatamente dirigentes del PP no evitaría el 155 si el independentismo no «asumía toda la legalidad». Con esa convocatoria, solo en pura apariencia la mayoría soberanista hubiera jugado en casa (Puigdemont hubiera firmado el decreto). En realidad lo habría hecho en terreno de juego contrario, tanto en términos políticos (por la renuncia a aplicar el resultado del 1-0, por las tensiones internas consiguientes, por la evidencia de que una eventual victoria independentista no hubiera sido aceptada…) como en parámetros técnicos (con el 155 el Estado hubiera invadido toda la Administración, incluidos probablemente los medios públicos autonómicos, que son claves para cualquier comicio). Un anzuelo que el president no tragó.

El segundo esquema no llegó ni a plantearse oficialmente: se trataba de acompañar el viernes la proclamación de la República con una convocatoria de elecciones constituyentes para refrendarla. Son las que podríamos llamar «elecciones ANC», previendo que la influyente Assemblea hubiera estado muy de acuerdo con el diseño. Con ella el independentismo se hubiese situado en plena ofensiva. Pero vistos los antecedentes del 1-0 y también lo ocurrido desde el viernes hasta aquí, tampoco queda duda alguna de que esta opción era inviable. El Estado la hubiera prohibido inmediatamente y repetir una votación bajo cargas policiales estaba aún menos en los deseos de Puigdemont que las «elecciones Urkullu». De modo que la hipótesis se quedó en el nivel teórico.

La tercera opción, la finalmente imperante, era lo que ocurrirá el 21 de diciembre. Siguiendo la cadencia anterior, lo lógico sería llamarlas «elecciones Rajoy», pero no está claro por el momento si ese esquema es del presidente español o le ha sido impuesto desde fuera, así que dejémoslo en «elecciones 21D». No está de más recordar que la hoja de ruta de Moncloa era imponer un 155 duro y celebrarlas en el horizonte de «seis meses», y que incluso se mostró soliviantado cuando escuchó que Carmen Calvo (PSOE) las había fijado para enero, lo que le pareció evidentemente prematuro. El hecho de que finalmente se hayan fijado antes incluso, de que ello restrinja temporalmente a unas pocas semanas la ejecución del 155, y de que de esta operación hayan desaparecido elementos claves como el asalto a TV3 y Catalunya Radio lleva a intuir que quizás otra instancia ha impuesto o condicionado la fórmula. Esa instancia solo podría ser superior al Estado, y por tanto europea. Su resultado final viene a ser el contrario a las «elecciones Urkullu»: con ellas aparentemente el independentismo juega fuera de casa (las convoca Rajoy) pero con opciones de victoria intactas (cargado de razones por la inexistencia de renuncias propias y por la represión ajena). 

Opciones de victoria siempre, claro está, que efectivamente sean unas auténticas «elecciones 21D», con supervisión europea y garantías, y no unas «elecciones Rajoy», abiertas a pucherazos bien anteriores (ilegalizaciones) o bien posteriores (incumplimiento del resultado).