Los escándalos que dejan cojo al Gobierno de Theresa May

El escándalo de abusos sexuales en Westminster ha derivado en la dimisión del ministro de Defensa, Michael Fallon. La ministra de Desarrollo Internacional, Priti Pattel, también ha presentado su renuncia por mantener reuniones en secreto con Israel.

El gobierno británico atraviesa una nueva crisis que está dejando cadáveres políticos en el camino. En tan solo una semana, dos de los ministros del gabinete de Theresa May han presentado su dimisión por causas absolutamente diferentes. Dos cartas de renuncia que la primera ministra se ha visto obligada a aceptar. La última, la de la Secretaria de Desarrollo Internacional, Priti Pattel, quien presentó el pasado miércoles su dimisión después de que se desvelaran varias reuniones secretas con delegados del Gobierno israelí el pasado agosto, cuando supuestamente se encontraba de vacaciones. Encuentros que, como la propia Pattel habría reconocido, se celebraron a espaldas de su departamento y de la propia primera ministra, quien tras enterarse obligó a Pattel a interrumpir un viaje oficial en Uganda y Kenia para regresar inmediatamente a Londres.

La que también fue secretaria de Estado de Trabajo con David Cameron y una de las caras más visibles de la campaña a favor del Brexit ha reconocido que sus acciones «cayeron por debajo de los estándares esperados en una ministra». Además de reunirse con delegados gubernamentales israelíes y con el propio Benjamin Netanyahu, Pattel habría visitado un hospital de campaña en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel. La oportunidad de dimitir ha sido vista como un gesto de amabilidad de May hacia quien ya estaba fuera del gobierno desde el momento en que se subió al avión hacia Londres.

La dimisión de Pattel se anunciaba tan solo siete días después de la renuncia del secretario de Defensa, Michael Fallon, por su implicación en el escándalo de abusos sexuales que estas semanas sacude el Parlamento de Westminster. A raíz del caso del productor neoyorkino Harvey Weinstein, la campaña iniciada en las redes sociales –#metoo en Gran Bretaña– derivó en un informe interno del Partido Conservador que recogía varias denuncias de conductas sexuales abusivas por parte de más de 40 diputados conservadores (entre ellos siete miembros del gabinete del gobierno).

Michael Fallon fue acusado por una periodista de poner «su mano sobre su la rodilla durante una cena en 2002». No queda claro si su dimisión se debe a esa denuncia o a otras que también aludían a su persona. En su carta de renuncia, Fallon desmiente «varias acusaciones que se han vertido sobre mi persona» pero reconoce que «en el pasado no he alcanzado los altos estándares requeridos a las Fuerzas Armadas».

Asimismo, el ex secretario de Trabajo Stephen Crabb, cristiano devoto que disputó el liderazgo del partido a Theresa May tras la renuncia de David Cameron, ha reconocido haber mantenido un «diálogo sexual abusivo» con una mujer de 19 años que fue a solicitar trabajo a su oficina. También el parlamentario tory Mark Garnier ha tenido que pedir disculpas tras reconocer que llamaba «tetitas de azúcar» a su secretaria y que le ordenó comprar juguetes sexuales.

Las acusaciones llegan hasta varios años atrás y afectan también al Partido Laborista. Una militante asegura haber sido violada en 2011, con 19 años, en un evento de la formación y que un dirigente le aconsejó no presentar denuncia para no perjudicar su carrera. El partido ha anunciado una investigación y los líderes parlamentarios de todo el espectro político se han unido para facilitar el protocolo de denuncia en este tipo de casos. Hasta ahora, la Comisión de estándares del parlamento no podía investigar abusos sexuales ya que no estaban incluidos en el ordenamiento como acciones que socaven la reputación de Westminster. Asimismo, las reglas establecían que cualquier queja de un empleado contra un diputado debería de pasar primero por su jefe más directo, aunque en muchas ocasiones esa figura era el propio diputado.

La tormenta en el gobierno no termina aquí. Otro de los frentes abiertos de May es el de Boris Johnson y su última imprudencia verbal que ha comprometido la puesta en libertad de Nazanin Zaghari Ratcliffe, periodista británica-iraní, trabajadora de la BBC y de la agencia Reuters, que se encuentra desde abril de 2016 encarcelada en Irán acusada de «delitos contra la seguridad del estado» por «tratar de reclutar gente para realizar propaganda contra el régimen». Según Amnistía Internacional, su arresto forma parte de una campaña contra periodistas de varias webs de noticias. La defensa insiste en que Zaghari se encontraba de vacaciones en su país natal cuando fue detenida. Sin embargo, el secretario británico de Exteriores aseguró la semana pasada en una comisión parlamentaria que,, en su opinión «Zaghari estaba enseñando periodismo a la gente».

El caso iba a ser revisado este mismo mes y todo apuntaba a su salida de prisión inmediata. Sin embargo, la justicia iraní ha interpretado las declaraciones de Johnson como una nueva prueba que mostraría que Zaghari no estaba simplemente de vacaciones en Irán cuando fue detenida. La imprudencia de Johnson, por la que se disculpó posteriormente y prometió tratar de enmendar, ha avivado las peticiones de dimisión para el secretario de Exteriores.