Un centenar de exiliados vascos buscan aún salida ante la cerrazón estatal
La segunda sesión del Foro Social sobre la reintegración se ha abierto en Irun abordando la cuestión de los exiliados vascos. En nombre de Euskal Iheslari Politikoen Kolektiboa (EIPK), Jon Irazola les ha puesto número aproximado (85-100), ha definido sus dificultades y ha reiterado su disposición a dar pasos.
Se considera que desde los años 60 hasta la actualidad ha habido unos 2.500 vascos y vascas que han recurrido al exilio para escapar de la represión estatal que les relacionaba con ETA. Hoy día, según ha explicado en el Foro Social Irazola en nombre de EIPK, pueden ser entre 85 y 100, la mayoría mayores de 60 años y más de una decena de casos con enfermedades graves. Se les suman catorce personas deportadas (diez más han fallecido en esta situación).
Volver a casa mediante la hoja de ruta marcada en Biarritz en 2013 es su deseo y también su apuesta política, pero se topan con tres dificultades principales: la cerrazón de la Audiencia Nacional, que no facilita información sobre los sumarios y les reta a presentarse ante el tribunal, «lo que sería entregarnos»; los plazos de prescripción que se alargan y alargan «artificialmente» convirtiendo su exilio en una especie de cadena perpetua; y la persistencia de sumarios basados en la tortura, una situación que EIPK cree que debe revisarse ya tras el clarificador informe de Lakua («hay que anular los procedimientos contaminados por la tortura», ha subrayado Irazola).
Ha marcado una doble vía de solución. Constatan que muchos casos se podrían solucionar simplemente con la aplicación de la ley actual sin excepcionalidades añadidas para los vascos, pero para otros «hay que adaptar las leyes a la realidad, hay que hacer Justicia Transicional». Prevén que «algún día conseguiremos un acuerdo con los gobiernos, pero hay cosas que ya se pueden adelantar» y es ahí donde toma valor la disposición de las personas exiliadas a ir dando pasos.
En la misma mesa redonda, la abogada Maritxu Paulus-Basurko ha desarrollado la situación en el Estado francés, primero repasando la evolución histórica desde los años 70 hasta la actualidad y después deteniéndose en las posibilidades actuales de solución. Hay dos bloques marcados. Por un lado, las decisiones administrativas (asignaciones…), que dependen del criterio del Gobierno francés –sobre todo del MInisterio del Interior– y por tanto tendrían solución sencilla si hay voluntad política para ello. Y por otro, las decisiones judiciales, un espacio «más complicado porque los jueces no tienen en cuenta la nueva realidad, siempre están con el discurso antiguo».
Irlanda, retorno con acuerdo
Michael Culbert (Coiste) ha confesado que la situación en Euskal Herria en este ámbito es bastante peor a la que sufrieron en Irlanda tras el fin de la lucha armada del IRA. El sistema que se articuló para solucionar esta cuestión merece atención. Cada persona exiliada por motivos políticos podía contactar con un «intermediario», persona de referencia en su comunidad, que a su vez consultaba con la Policía para saber si tenía causas pendientes. En caso de que estuviera «limpio», recibía una carta que hacía de salvoconducto para volver a casa, pero sabiendo que si en el futuro aparecían pruebas contra él podrían usarse en un juicio.
¿Y qué ocurría con quienes sí tenían causas pendientes? En sus manos quedaba la decisión de retornar o no. Si lo hacían, se arriesgaban a pasar un tope de dos años en prisión, no más. El procedimiento ha funcionado, aunque «todavía existen personas huidas, porque no confían en el sistema, o porque no quieren pasar dos años en la cárcel, o porque han hecho una nueva vida en su destino… Es su elección», ha concluido Culbert.