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La defensa de los presos independentistas catalanes lleva el caso a la ONU

El abogado que representa a Oriol Junqueras, al expresidente de ANC Jordi Sànchez y al presidente de Òmnnium Cultural, Jordi Cuixart, ha llevado el caso al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas porque, en su opinión, su encarcelamiento es «ilegal».

Los abogados Jessica Jones, Ben Emmerson y Rachel Lindon han comparecido en Londres. (Daniel LEAL-OLIVAS/AFP)

El abogado británico especialista en derecho internacional y derechos humanos Ben Emmerson y las letradas Jessica Jones y Rachel Lindon han anunciado en Londres que ha llevado el caso ante la ONU porque considera que las detenciones de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart vulneran derechos fundamentales y espera que la ONU «tome todas las medidas necesarias para presionar el Estado español para que estas personas no estén detenidas».

«Fueron detenidos después de que los catalanes votaran de manera abrumadora por la independencia en el referéndum del 1 de octubre de 2017», ha recordado.

Tras calificar el caso de «afrenta contra los derechos humanos», el abogado británico ha aclarado que no se pide a la ONU que se pronuncie sobre la independencia de Catalunya, sino que reafirme que «el Gobierno no puede reprimir la discrepancia política mediante la represión arbitraria».

Al presentar esta situación ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, la defensa de Junqueras, Sánchez y Cuixart considera que «deben ser liberados». Emmerson ha subrayado que «las acciones del Gobierno español en este caso sientan un precedente peligroso para el derecho a las protestas pacíficas en todo el mundo».

El letrado se ha mostrado «muy optimista» ante la posibilidad de obtener «una respuesta favorable» por parte de la ONU y confía en que ese organismo «adopte todas las medidas apropiadas» y que las autoridades españolas «respeten» su decisión cuando ésta se conozca.

Emmerson ha argumentado que para la defensa de estos presos uno de los «puntos clave» es que no se puede usar la prisión como base para suprimir movimientos o discursos políticos no violentos. Además, a su juicio, esta actuación tiene «un efecto espeluznante» en la «capacidad de la democracia para funcionar de manera adecuada».