Los ertzainas defienden su labor en los registros llevados a cabo en el caso De Miguel
Los ertzainas que han declarado este lunes en el juicio del caso De Miguel, la presunta trama corrupta con 26 imputados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés, han asegurado que las pruebas incautadas durante los registros se ajustaron a lo fijado por el juez instructor de la causa.
Ha comenzado en la Audiencia de Araba la fase de la prueba testifical de este juicio, que arrancó el 8 de enero con las cuestiones previas y que, tras un parón para resolver las alegaciones presentadas, se ha reanudado con las declaraciones de cinco ertzainas.
Estos agentes participaron en los registros efectuados el 17 de marzo de 2010 en los domicilios de varios de los principales acusados y de la empresa sobre la que supuestamente pivotó la trama delictiva, Kataia.
Entre ellos ha testificado el ertzaina que dirigió todo el operativo de las detenciones y registros, y dos agentes que registraron la casa de Alfredo De Miguel, el ex número dos del PNV en Araba y exdiputado foral, principal imputado en este caso y para quien la Fiscalía pide más de 54 años de cárcel.
El objetivo, según han coincidido los testigos, era hacerse con evidencias relacionadas con la contabilidad de Kataia y cualquier otra documentación vinculada con su actividad económica.
Todos han defendido como ajustado a derecho que en los registros se decomisaran los ordenadores que encontraron, porque eran susceptibles de contener ese tipo de información.
Las defensas piden la nulidad
Frente a ello, las defensas de los principales acusados han vuelto a pedir pedido la nulidad total de la instrucción y de algunas pruebas al estimar que los agentes de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza se «extralimitaron« a la hora de extraer información de los ordenadores y llevaron a cabo una incautación «indiscriminada» e «ilegal» de pruebas.
El responsable del operativo ha subrayado que, según su experiencia, en este tipo de delitos lo habitual hoy en día es que las cuestiones económicas se guarden en soporte informático, y no solo en papel.
Además ha remarcado que durante esos registros no hubo ninguna queja del secretario judicial ni de los abogados de los detenidos que estaban presentes, y ha insistido en que el auto del juez instructor autorizaba a recoger todo lo que fuera de interés para la investigación.
Sobre la cadena de custodia de los objetos intervenidos, que también ha sido cuestionada por las defensas, los agentes han indicado que se precintaron todas las pruebas y que fueron directamente remitidas al juzgado sin pasar por dependencias policiales.
Según han dicho tenían «órdenes muy claras», llevar todo al juzgado sin entrar en los ordenadores, ya que el volcado de la información se hizo en sede judicial posteriormente.
Este martes está previsto que continúe este juicio con las declaraciones de otros once ertzainas.