El independentismo vuelve a la casilla de inicio y debate cómo investir a Puigdemont

JxCat, ERC y CUP están de acuerdo en dar una respuesta unitaria a la detención de Puigdemont y los encarcelamientos de cinco diputados, pero siguen discrepando en la fórmula. El juez de primera instancia decidió mantener a Puigdemont en la cárcel, en una decisión que podría ser revisada por un tribunal superior en los próximos días.

Catalunya ha vivido en las últimas horas un terremoto. A modo de placas tectónicas, los planos judicial, internacional, institucional y popular que componen el momento catalán han sido sacudidos por el encarcelamiento de cinco diputados el viernes y, aún más, por la detención del president Carles Puigdemont el domingo a la mañana en Alemania. Su coche llevaba un dispositivo de localización instalado por el CNI, según la prensa española. La acentuación de la represión, con todo, ha conseguido frenar la dinámica depresiva y paralizante en la que estaba instalado el independentismo catalán. Suena a paradoja, pero quizá no lo sea tanto: el zarpazo español ha servido para recordar cierto orden de prioridades.

La primera placa tectónica sacudida fue la judicial. Puigdemont tenía más que preparada su defensa en Bélgica, con posibilidades reales de hacer frente a la extradición o, al menos, al delito de rebelión. Su detención en Alemania, país que cuenta con un delito de «alta traición» más o menos equivalente al de rebelión en España, puede complicar mucho las cosas. De momento, ayer el juez de distrito de Neumünster tomó declaración al president durante más de tres horas, tras lo cual decidió que siga en la cárcel mientras se resuelve la petición de extradición. Una carpeta que ahora pasa al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que tiene 60 días –prorrogables a un máximo de 90– para decidir si compra o no el auto de procesamiento del Tribunal Superior español. Este juez puede también modificar en los próximos días la situación inmediata de Puigdemont y dejarlo en libertad bajo ciertas condiciones.

Sin detenciones de por medio, la situación de Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, en Bruselas, y de Clara Ponsatí, en Edimburgo, es menos urgente. Los tres se presentarán voluntariamente ante las autoridades de Bélgica y Escocia, tras lo cual, si no hay sorpresas, podrán aguardar en libertad la resolución de la euroorden. De quien no hay noticias es de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

La activación de las euroórdenes también ha vuelto a encender el frente europeo de forma notable. Si el objetivo era internacionalizar la causa catalana, se ha conseguido. Otra cosa es que sea siempre para bien. El portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, vino a recordar ayer la vigencia de aquel dicho que reza que perro no come perro: «España es un Estado democrático. Este conflicto se debe solucionar sobre la base del derecho español».

Sea como sea, Catalunya vuelve a estar en la mesa del debate político europeo. Además de las reacciones en Alemania –recogidas por Ingo Niebel en la página 4–, destaca la ola de apoyos recibidos por Ponsatí en Escocia, empezando por la prestigiosa y elitista universidad de St Andrews –en la que la exconsellera ocupa la Cátedra de Economía–, que ayer publicó un comunicado defendiendo que la dirigente catalana está siendo perseguida políticamente. También el SNP, ante la impotencia de no poder hacer nada desde el Ejecutivo escocés –todo queda en manos del poder judicial– redobló ayer su denuncia de la situación, anunciando que llevará el conflicto catalán al Consejo de Europa y pidiendo una reunión urgente con el embajador español en Londres para pedirle explicaciones. Del mismo modo, Catalunya fue de nuevo el tema estrella en la sala de prensa de la Comisión Europea, donde el portavoz comunitario, Alexander Winterstein, se dedicó básicamente a sacar balones fuera.

Frente institucional bloqueado

Quizá donde más superficial ha sido el movimiento tectónico haya sido en el plano institucional. Las cosas han cambiado, evidentemente, y la investidura de Puigdemont vuelve a estar encima de la mesa, pero el posicionamiento de los partidos apenas ha cambiado. El encarcelamiento de Turull el viernes frustró el segundo pleno de investidura, volviendo a dejar todo en un limbo. Eso sí, esta vez con el reloj en marcha. Si no hay president investido antes del 22 de mayo, se disuelve el Parlament y se convocan nuevas elecciones. Por lo demás, volvemos a estar como tras el 21D.

En este contexto, y aprovechando la ola que venía de la calle, JxCat ha recuperado en las últimas horas la idea de investir a Puigdemont. Un lugar del cual la CUP nunca se movió. Igual que tras el 21D, la principal resistencia vuelve a ser ERC, que no quiere exponer al president del Parlament, Roger Torrent, a las represalias españolas por forzar el reglamento de la Cámara catalana y facilitar una investidura no presencial. A Esquerra le gustaría enfriar la temperatura de los últimos días y consensuar un nuevo candidato que contase incluso con la simpatía de Catalunya en Comú. No es tarea fácil, por no decir que imposible. La batalla entre JxCat y ERC se soterra, pero no desaparece.

El reflejo del momento es la convocatoria de un nuevo pleno para mañana a las 10.00. No será un pleno de investidura, como querían JxCat y CUP, sino que se limitará a debatir el informe del Síndic de Greuges –Ararteko– sobre la violencia policial del 1-O y cinco propuestas de resolución, dos de ellas presentadas de común acuerdo por JxCat, ERC y CUP. Una sobre las medidas cautelares solicitadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU reclamadas al Estado español para que respetase el derecho de Jordi Sànchez a ser investido, y otra para reivindicar que esos derechos deben respetarse también en los casos de Puigdemont y Jordi Turull. Es decir, el Parlament defenderá su potestad para investir president a Puigdemont, a Sànchez o a Turull. Pero no investirá a nadie.

El momento es confuso y da pie a una cacofonía que lo enreda todo todavía más. Así, mientras se debatía la posible investidura de Puigdemont, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, informaba de que el expresidente de la Assemblea ha decidido rectificar y no renunciar a su acta de diputado, tal y como había anunciado que haría. Se estaría pensando, de hecho, volver a presentarse a la investidura.

Mecha prendida en la calle

La confusión en el plano institucional contrasta con la diáfana respuesta que la detención de Puigdemont ha tenido en la calle. Aquí sí que el movimiento sísmico se ha dejado notar. Y la dirección que ha tomado la resumió de forma escueta ayer la flamante presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, que consideró que la investidura de Puigdemont es un «clamor».

En otro plano, ANC y Ómnium Cultural presentarán, además, hoy el Espacio Democracia y Convivencia, en el que participan también CCOO, UGT y diversas entidades civiles, con el objetivo de sumar un frente amplio y transversal contra la excepcionalidad política instalada en Catalunya.

Finalmente, a la espera de nuevas movilizaciones masivas –las acciones de los CDR se van multiplicando, ayer cortaron durante cinco horas la A2 en Lleida–, las cargas de los Mossos y los incidentes del domingo en la concentración ante la Delegación del Gobierno español siguieron dando qué hablar. Aunque el ministro de Interior, José Ignacio Zoido, aprovechó para vender los incidentes como evidencia de la violencia independentista, la polémica en Catalunya se centró más en la actuación de los Mossos, que sin una dirección sólida y bajo el mando del propio Zoido, cargaron con violencia causando casi un centenar de heridos de diversa gravedad. Con todo, ANC, Òmnium y la dinámica pacifista de desobediencia civil En Peu de Pau insistieron ayer en la fuerza y la importancia de la acción no violenta en las actuaciones del independentismo.