Roger Torrent convoca para el viernes a las 10.00 el pleno de investidura de Jordi Sànchez

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado el pleno de investidura de Jordi Sànchez para el próximo viernes a las 10.00, y ha pedido al Tribunal Supremo que adopte las medidas necesarias para que el candidato de JxCat pueda someterse al debate de investidura y garantizar sus derechos políticos, como reclama la ONU.

El pleno de investidura de Jordi Sànchez, tendrá lugar el próximo viernes a las 10.00, según ha establecido el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien ha reclamado al Tribunal Supremo que adopte las medidas necesarias para que el candidato de candidato de JxCat, en prisión preventiva, pueda asistir al debate. Para ello le ha adjuntado en un escrito la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU que instaba al Estado español a garantizar los derechos políticos de Sànchez.

En su escrito, afirma que «la concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación de resultado a todos los poderes del Estado y exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que el diputado Jordi Sànchez pueda someterse al debate de investidura».

En el caso de que el Tribunal Supremo, advierte, «no diera cumplimiento a la resolución, se estaría produciendo un daño irreparable a los derechos políticos del diputado Jordi Sànchez, y el Estado español estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales».

Torrent recalca que Sànchez «es diputado del Parlamento de Cataluña y se encuentra en prisión preventiva, pero dicha medida cautelar no puede ser utilizada para limitar el legítimo ejercicio de sus derechos políticos».

«La prisión preventiva no comporta la privación del derecho al sufragio pasivo, que incluye necesariamente el derecho a ser elegido presidente de la Generalitat de Cataluña si así lo decide una mayoría parlamentaria», sostiene.

Para ser investido, Sànchez tiene dos barreras aparentemente infranqueables. La primera es la del Tribunal Supremo, que ya le negó anteriormente el permiso para someterse al debate de investidura. La novedad actual es que Sànchez pedirá el permiso con el aval del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, al admitir a trámite su denuncia, reclamó al Estado como medidas cautelares tomar todas las disposiciones necesarias para garantizar los derechos políticos del diputado. 

Pero incluso si el TS accediese, Sànchez tendría un segundo obstáculo de envergadura: la aritmética parlamentaria. El viernes pasado, la portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, aseguró que tienen un pacto a tres con ERC y con la CUP para investir al expresidente de la ANC en segunda vuelta, cuando solo sería necesaria una mayoría simple.

Sin embargo, el portavoz del grupo parlamentario de la CUP, Carles Riera, desmintió este extremo y recordó que su candidato sigue siendo Puigdemont. En caso de que la candidatura de Sànchez llegue a votación, los cuatro diputados cuperos se abstendrían, según dijo el viernes.