Cargos de Lakua afirman que no hay constancia de algunos trabajos contratados con De Miguel

Dos cargos del Departamento de Cultura de Lakua entre 2009 y 2013 han afirmado durante su declaración en el juicio por el ‘caso De Miguel’ que «no hay constancia» de algunos de los trabajos que supuestamente fueron adjudicados a dedo por el Ejecutivo anterior a empresas de la presunta trama dirigida por el exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel.

El que fuera director de Juventud del Gobierno de Lakua del PSE, Ignacio Rodríguez, y el entonces director de Servicios del Departamento de Cultura, Iñigo Cortazar, han declarado hoy como testigos a propuesta del abogado del Ejecutivo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Araba contra De Miguel y otros 25 imputados, entre ellos otros exmiembros del PNV alavés.

Este macrojuicio arrancó el pasado mes de enero y dada su complejidad está dividido en bloques. En la actualidad se están analizando los contratos supuestamente adjudicados a dedo desde el Departamento de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe (PNV) entre 2006 y 2009 a tres de las supuestas empresas pantalla utilizadas por los dirigentes de la trama y sus esposas, Katia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. Según la Fiscalía, en la mayoría de los casos no consta que se llevaran a cabo.

Por estos contratos se sientan en el banquillo de los acusados Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura y Juventud entre 2003 hasta mayo de 2009, y Francisco Javier Sánchez Robles, el entonces director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Ejecutivo.

Rodríguez, que sustituyó a Sánchez Robles en la dirección de Juventud, ha indicado que a petición del juzgado que instruyó esta causa se elaboró un informe en 2010 sobre los contratos menores suscritos con las empresas de la presunta trama para ver si se habían llevado a cabo.

Algunos de esos trabajos eran estudios y memorias que de haberse hecho deberían haber quedado en el departamento, como uno de políticas de vivienda en Europa, y sin embargo «no se ha encontrado nada», según ha relatado Rodríguez, quien ha indicado que hizo especial hincapié para conocer si estaban esos estudios.

Ha remarcado que fue «especialmente insistente» para recabar toda la información y que dejaron constancia de lo que había y lo que no en su área.

En la misma línea se ha manifestado el que fuera director de Servicios del Departamento de Cultura entre 2009 y 2013, quien además ha sido interrogado por la forma de sellar los documentos que llegaban a la consejería como responsable entonces del registro. A Cortazar se le han mostrado unos documentos sellados presentados por la defensa de Sánchez Robles en 2017 para demostrar que se llevaron a cabo esos contratos.

Cortazar ha expresado su extrañeza por que en los sellos de la documentación aportada por Sánchez Robles no aparezca el número de registro de entrada o salida y que se hayan estampado sobre las letras de la carátula y no en la zona blanca del folio, donde se vería mejor.

El abogado del Gobierno de Gasteiz ha puesto asimismo el foco en que uno de esos sellos aparece con la fecha del 29 de febrero de 2007, cuando ese mes tenía 28 días.

Precisamente estos documentos presentados por la defensa de Sánchez Robles han centrado parte de la vista de hoy ya que el fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha pedido incorporar a la causa una copia de las entradas en el registro de la Consejería de Cultura de los días correspondientes a la prueba documental del exdirector de Juventud con el objetivo de poner en cuestión tales escritos y determinar su veracidad.

El tribunal, presidido por el magistrado Jaime Tapia, ha rechazado la admisión de esa prueba documental tras escuchar a los abogados de las defensas, que se han opuesto por extemporánea.