La exalcaldesa de Zanbrana tenía intereses familiares en varias recalificaciones, según testigos

Dos testigos han reconocido durante la sesión de hoy del juicio del caso de Miguel que la exalcaldesa de Zanbrana, María Justina Angulo (PNV), tenía un interés familiar en la fallida operación de recalificación de terrenos en esa localidad porque una tía y su madre tenían fincas afectadas, y que intervino en el proceso de negociación de los precios.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Araba que juzga el denominado caso De Miguel, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales liderada por el exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, ha comenzado a analizar hoy la fallida operación de recalificación de terrenos en Zanbrana para instalar un polígono industrial.

Por esta causa en el banquillo de los acusados está sentada, entre otros, la que fuera alcaldesa por el PNV de esta pequeña localidad alavesa de unos 400 habitantes María Justina Angulo, para quien se pide 4 años y medio de cárcel.

Según la Fiscalía, Angulo contactó en 2004 con De Miguel para buscar apoyo al proyecto de recalificación, una operación que este impulsó desde su cargo en la Diputación de Araba como diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial y en la que supuestamente hubo irregulares administrativas y también abono de comisiones ilegales por la intermediación del dirigente político.

En la sesión de hoy han comparecido como testigos un empleado de la entidad bancaria Ipar Kutxa y su superior, director de zona de Araba, que participaron en la negociación para fijar los precios de la opción de compra entre los propietarios de las fincas y el grupo Riera, promotor del futuro polígono que al final no se hizo.

El primero ha reconocido a preguntas del Fiscal que entre esos terrenos había fincas de una tía de la entonces alcaldesa y de su madre, y que Angulo intervino en la negociación de la opción de compra en el caso de la primera porque su tía estaba en una residencia.

Preguntado por si la exalcaldesa tuvo algún papel activo en el caso de la finca de su madre, el empleado ha respondido con un «no lo recuerdo». «Me imagino que doña Justina en representación de los intereses de su familia quería el mayor precio posible por la finca» ha interpelado el Ministerio Público al testigo que ha concluido con un «como todos». De hecho el fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, ha cifrado en 140.000 euros el dinero por las dos fincas de los familiares de la exalcaldesa.

También el que era director de zona de Ipar Kutxa ha constatado que la exalcaldesa asesoró a su tía y a preguntas de la Fiscalía sobre ese hecho dado su cargo político, ha asegurado que eso es algo que él no tenía que juzgar.

Ambos han reconocido que durante todo el proceso de negociación de la opción de compra no se hizo ningún documento escrito con los propietarios agricultores.

La condición que establecía Ipar Kutxa, que en 2012 se fusionó con Caja Laboral, en esta asesoría era que los vendedores se hicieran clientes e ingresaran el dinero recibido por la venta de los terrenos, unos 14 millones, en la caja, tal y como han explicado los dos testigos.

Los dos también han dicho que durante su intervención en esta operación nunca escucharon el nombre de la empresa Kataia, firma sobre la que supuestamente pivotaba la trama corrupta, aunque han reconocido contactos con Sidepur, cuyos principales responsables, Jesús Arruti Odriozola y Jesús José Arruti Letemendia, también están acusados en esta causa.