El proyecto de Ley de Residuos de Nafarroa contempla prohibir las bolsas de plástico a partir 2020

La comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Parlamento de Nafarroa ha aprobado el dictamen del proyecto de Ley de Residuos y su Fiscalidad, que incluye la prohibición generalizada de bolsas de plástico a partir del 2020 y una penalización económica por generación de residuos.

Así se ha determinado tras el debate y votación de las modificaciones propuestas, una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad de UPN, PSN y PPN en el pleno del pasado 12 de abril.

El dictamen, que ha sido admitido con los votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e IE, y el rechazo de UPN, PSN y PPN, será elevado a pleno para su aprobación definitiva.

Mediante las enmiendas aprobadas, se introduce una prohibición generalizada de las bolsas de plástico a partir del 2020 porque la inclusión de material reciclado en dichas bolsas «no evita el perjuicio ambiental», cosa que no sucede con otros productos biodegradables o compostables como son las bolsas de papel.

Esta restricción se extendería a los productos envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso, cuya venta «genera residuos que actualmente no tienen tratamiento». Además se establece que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, quedará prohibida la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, también en la modalidad de venta on line, a excepción de las catalogadas como muy ligeras.

También se establecen, para el año 2028, una serie de objetivos mínimos de reutilización de determinados envases y bebidas que deberán ser tenidos en cuenta por hoteles, restaurantes y cafés.

Carmen Segura, UPN, ha considerado que «no da soluciones a la gestión de residuos y crea incertidumbre entre las mancomunidades y gestores de residuos», además de marcar «obligaciones cortoplacistas que perjudicarán el desarrollo económico» de Nafarroa, que se encontraría en desigualdad de condiciones respecto a otros territorios. «Regula poco, y lo que regula, lo hace de manera muy general», ha advertido.

Por el contrario, Unai Hualde, Geroa Bai, se ha mostrado «satisfecho» por el trabajo realizado. «Estamos ante una muy buena ley», ha aseverado.

En la misma línea se ha posicionado Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, que ha lamentado que UPN «no quiere reconocer que esta ley supone un avance».

El parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha destacado que las enmiendas aprobadas mejorarán algunos aspectos de la norma propuesta inicialmente, y la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha defendido el concepto de «quien contamina, paga».

Conchi Ruiz, PSN, ha mostrado su oposición al proyecto de ley porque «quiere ser innovadora en unos aspectos, pero dejando muchos de ellos en el aire». «Con esta ley, Navarra puede retroceder», ha advertido.

En consonancia con los grupos de la oposición, Javier García, PP, ha denunciado que el impuesto introducido no cumple con el principio de «quien contamina paga» porque afectará a todos los ciudadanos integrantes de una Mancomunidad, perjudicando a aquellos que sí han reciclado correctamente. Sí que ha compartido «ciertos objetivos», pero dando «más margen» para su cumplimiento.

Este proyecto de ley tiene por objeto prevenir la generación de residuos, fomentando la reutilización y el reciclado, mientras se desincentiva la incineración y la eliminación en vertedero, estableciendo un impuesto para gravar ambas prácticas.

Para ello, se implantará el impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración, mediante el cual se penalizará económicamente en función de la generación de residuos. Así, cuantos más residuos destine una Mancomunidad al vertedero, más pagará su ciudadanía.

Los ingresos de este impuesto integrarán una partida presupuestaria específica, denominada Fondo de Residuos, que se destinará exclusivamente a los fines previstos en el proyecto de Ley. Además, se propone crear un Ente Público de Residuos de Nafarroa, que estará integrado por las Entidades Locales y la Administración del herrialde.

Este órgano adoptará la forma jurídica «más adecuada» para cumplir su función gestora, garantizándose una «presencia mayoritaria» de las entidades locales competentes. Dicha forma jurídica se definirá en los próximos seis meses, fecha en la que también quedará disuelto el actual Consorcio. Por otro lado, se incluye el deber de las Administraciones Públicas de «planificar qué hacer con los residuos que se generen en sus instalaciones».