El fracaso de los países de la UE en política de asilo impulsa la xenofobia
Los países de la UE reconocen su incapacidad para desbloquear la reforma del sistema de asilo europeo, en un clima político marcado por el nuevo gobierno italiano que ya advirtió que su país no es «el campo de refugiados de Europa», y que se suma a los rechazos explícitos o a la falta de compromisos de otros socios, alimentando la xenofobia.
Los ministros de Interior europeos, reunidos en Luxemburgo, constataron las profundas divergencias que continúan dividiéndolos en la política de asilo a pesar de una propuesta de compromiso planteada por la presidencia búlgara, que rebaja las metas de acogida para intentar contentar a los países más hostiles a los refugiados.
La reforma del «Reglamento de Dublín» encalló por las eventuales cuotas de reparto de solicitantes de asilo, una medida adoptada en plena llegada masiva de refugiados entre 2015 y 2017, si bien de las cuotas decididas en 2015 para un período de dos años solo se aplicó una cuarta parte de las 160.000 «reubicaciones» previstas.
Los ministros debían pronunciarse ayer para transmitir una propuesta común sobre la reforma de la política de asilo de cara a la cumbre del 28 y 29 de junio en Bruselas. «Necesitamos un compromiso, pero hay un clima político más duro» que complica las cosa, afirmó la ministra sueca de Migración, Hélène Fritzon, refiriéndose al nuevo gobierno italiano.
Aunque las llegadas se han reducido considerablemente, miles de personas continúan bloqueadas en campamentos y países como Grecia e Italia se encuentran desbordados por nuevas llegadas.
El nuevo primer ministro italiano, Giuseppe Conte, reclama «un sistema automático de reparto obligatorio de los demandantes de asilo», mientras su ministro de Interior, el ultraderechistas Matteo Salvini, rechaza que Italia se convierta en «el campo de refugiados de Europa». Pero no se trata solo de Italia. El representante alemán, Stephan Mayer, recordó que «en otros países existe una oposición aún más fuerte» refiriéndose al grupo de Visegrad (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia). Precisamente, el ministro de Gobernación húngaro, Gergely Gulyas, dejó claro que Budapest vetará las propuestas para introducir cuotas obligatorias de reubicación de refugiados. «Incluso el Gobierno alemán critica puntos específicos de la actual negociación», agregó Mayer, considerando inaceptable el compromiso presentado por la presidencia búlgara de la UE.
Esta propuesta busca «aliviar de la carga a los países en primera línea», mientras «se contienen los movimientos secundarios» hacia otros países. El texto señala que las reubicaciones obligatorias solo se pondrían en marcha si las primeras medidas de apoyo financiero y técnico, que se activarían automáticamente en período de crisis, no son suficientes.
Y la acogida solo se impondría en casos excepcionales, tras una adopción por «mayoría cualificada» de los países del bloque. Además, un país podría reducir parte del número de personas que se le habría asignado mediante un cálculo automático.
Italia y Grecia, así como la Eurocámara, exigen que la acogida sea compartida entre todos los países de manera permanente y no solo en períodos de crisis.
Trámite de la demanda de asilo
La propuesta endurece también las obligaciones de los primeros países de llegada en la UE para el registro de los migrantes. Estos serían los responsables durante ocho años de tramitar una eventual solicitud de asilo. Para Berlín el plazo es demasiado corto y para los países del sur, excesivo. Con las reglas actuales, la responsabilidad está limitada de facto a entre 18 y 24 meses.
La reforma de asilo «está muerta. No hay base suficiente para continuar la discusión», admitió el secretario de Estado belga de Migración, Theo Francker, quien propuso concentrarse en «la lucha contra la inmigración ilegal».
El rechazo del primer ministro checo, Andrej Babis, a la iniciativa de Berlín para aprobar una contribución financiera con la que compensar la acogida de refugiados ilustra la creciente xenofobia alimentada por este fracaso en la política de asilo.
«No queremos compensar. ¿Por qué deberíamos compensar con una contribución? Lo hemos dicho claramente: esa no es nuestra gente, nuestras empresas decidirán quién trabajará y vivirá aquí», afirmó.
Italia y Austria, contra las sanciones a Rusia
El nuevo jefe de Gobierno italiano, Giuseppe Conte, reiteró que su país es favorable a revisar las sanciones económicas impuestas a Rusia tras la anexión de la península de Crimea. «Seremos los promotores de una revisión del sistema de sanciones. Seremos partidarios de una apertura hacia Rusia que en los últimos años ha reforzado su rol internacional en diversas crisis geopolíticas», afirmó Conte en la defensa de su programa ante el Senado italiano, donde, además, recordó la importancia de Moscú como socio económico para las empresas italianas. También el Gobierno austriaco rechaza las sanciones. La visita ayer a viena del presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo precedida por las declaraciones del vicecanciller Heinz-Christian Strache: «Es hora de poner fin a esas molestas sanciones y normalizar las relaciones políticas y económicas con Rusia». Añadió que son dañinas para la economía austríaca y que la posición europea «arroja a Rusia en los brazos de China».GARA