Médicos y juristas se conjuran para acabar con la impunidad en las cárceles

Ocho voces de juristas y profesionales de la medicina trazaron ayer en Bilbo tareas en las que estiman que hay que embarcarse para terminar con el espacio de impunidad que son las cárceles españolas y hacer que sea una realidad el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Hubo también una llamada a la sociedad civil a implicarse.

Osabideak reunió ayer en Bilbo a profesionales que trabajan por que el derecho a la salud sea universal, también en el interior de las prisiones, abordando distintos ámbitos en los que trabajar y conociendo la experiencia del Mecanismo catalán para la prevención de la tortura, que trata de revertir la mayoría de los paradigmas que han estado en vigor hasta ahora en el sistema penitenciario español.

La médica de familia Olga Casado expuso cómo acuden a prisiones, comisarías y centros de justicia de menores de Catalunya a evaluar casos que, algunos veces, terminan en una denuncia interpuesta por el Sindic de Greuges, homólogo del Ararteko. Se quejó de que ellos no llegan a conocer qué pasa luego.

Casado explicó que desde 2015 se realizan visitas, sin previo aviso, desde una visión profesional para analizar infraestructuras, ratios de personal sanitario, programas o sectores vulnerables como mujeres y personas mayores. En los partes de lesiones, donde es habitual la cobertura a vulneraciones, los encuentros se realizan a solas con los presos y si acuden con custodia se debe justificar.

Desde el ámbito del derecho penal, el abogado Iñaki Goioaga abogó no solo por cambiar la política penitenciaria sino el sistema, que dijo es reflejo de valores imperantes como el machista, individualismo o el poder jerárquico, para lo que es necesaria la participación de la sociedad civil para afrontarlo. Calificó al sistema penitenciario español de «opaco», «donde la impunidad reina» y la «obediencia» es la base.

Goioaga incidió en la importancia de abolir la excepcionalidad y remarcó que ahora en vez de buscar un tratamiento reinsertador de las personas privadas de libertad se apuesta por incrementar el castigo.

«Espacios de vulnerabilidad»

El doctor Jorge Barrón, de la asociación vasca en favor del derecho a la salud Osalde, se quejó de que los asuntos relacionados con la salud no son abordados adecuadamente en los juzgados. Además, consideró «inadmisible» que las personas presas no tengan garantizado un derecho básico, denunciando cómo las prisiones son «espacios de vulnerabilidad». Tampoco pasó por alto el factor de género, con cárceles no pensadas para las necesidades de las mujeres.

Tal y como expone en su último libro, el catedrático Iñaki Lasagabaster se refirió al término «peligro patente» que recoge el Código Penal cuando se refiere a aquellas personas gravemente enfermas que deben ser excarceladas, incidiendo en que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias no es competente para establecerlo. El profesor de Derecho Administrativo criticó que se equipare «peligro patente» a «estadio terminal», lo que entiende que es una interpretación reductora.

La letrada Silvia Encina expuso los obstáculos a los que se enfrenta la defensa de un preso pero también la de un familiar que ve cómo un ser querido, víctima de un brutal régimen de aislamiento, muere en prisión. La integrante de Salhaketa denunció cómo se «ignoran» sistemáticamente las peticiones de informes médicos y cuando llegan son «escuetos», lo que impide una defensa efectiva.

Tras cuatro años de batalla en los juzgados, su marido falleció en la cárcel, lo que no le abrió ninguna puerta. Encina explicó que, tras cinco años de batalla en los juzgados, aguarda la resolución. «Casi prefiero que no me contesten e ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)», confesó.

A los informes periciales se refirió la médica Estibaliz Gorostiaga, reconociendo que son habitualmente «escuetos e incompletos». La componente de Osabideak lamentó la «escasa» cultura de denuncia del derecho a una asistencia sanitaria en condiciones que existe, al igual que la «ausencia» de protocolos de actuación y protocolización.

Su compañera Nahia Aia abogó por «disputar el derecho a la salud», por ejemplo, a la hora de reclamar unos informes forenses de calidad, al apuntar a que es un hecho acreditado y tienen relevancia jurídica. La doctora apostó por la formación y la capacitación de los profesionales «para no ser cómplices» de las vulneraciones, subrayando la importancia de crear una red para desarrollar un marco de actuación homogéneo.

Irma Orozko, letrada de la comisión de asistencia penitenciaria del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, destacó la importancia de trasladar al TEDH todas aquellas vulneraciones que sean detectadas para que desde instancias europeas se obligue al Estado español a que proteja los derechos básicos de las personas presas. La abogada señaló el papel que debiera jugar el Ministerio Fiscal «en promover la acción de la justicia».

muchos retos que afrontar por un derecho básico

«La confrontación médica en los procesos judiciales es importante. Son elementos irrefutables»

NAHIA AIA

Médica

«Las personas presas tienen derechos. Se prioriza el principio de seguridad sobre el de la salud. Se impone la reflexión»

IÑAKI GOIOAGA

Abogado

«Debe prevalecer el respeto a la vida de las personas respecto al delito por el que cumple la pena de privación de libertad»

IÑAKI LASAGABASTER

Catedrático de Derecho

«Hay que cambiar el paradigma y algunas cosas que parecen normales deben de justificarse por qué se llevan adelante»

OLGA CASADO

Médica del MCPT

«Todas las personas tienen que tener acceso pleno a los recursos de salud públicos, también las presas»

JORGE BARRÓN

Médico

«Los informes forenses son una chapuza, se hacen por encima, son escuetos, y así es imposible una defensa efectiva»

SILVIA ENCINA

Abogada