El Foro Social insta a dar pasos para el pleno reconocimiento de las víctimas de la tortura

El Foro Social Permanente ha instado a los gobiernos de Lakua e Iruñea a «explicitar el reconocimiento oficial de las víctimas de tortura» tras conocer todos los detalles del informe «Tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014» elaborado por el Instituto Vasco de Criminología y la UPV-EHU.

Una delegación del Foro Social Permanente se ha reunido este viernes con el médico forense Paco Etxeberria y la doctora en Derecho Laura Pego, responsables de dicho documento.

Tras recoger 1.027 testimonios en vídeo y audio y aplicar el Protocolo de Estambul a 202, el informe contabiliza 4.113 denuncias de malos tratos y torturas.

El Foro Social Permanente ha agradecido el trabajo realizado por parte de los autores de este informe, que «ha acertado sacando a la luz una verdad incómoda» y ha demostrado la existencia de la tortura como «práctica sistemática en la lucha antiterrorista». Hace dos días su contenido fue puesto en duda por el otrora juez y ahora ministro español de Interior Fernando Grande-Marlaska.

A su juicio, «dar credibilidad a los testimonios de aquellas personas que sufrieron tortura es de vital importancia para garantizar que no vuelva a repetirse nada así en el futuro». También ha calificado de «imprescindible» el seguir con esta labor de investigación para «dotar a cada una de las víctimas de su derecho a conocer la verdad».

Para el Foro Social Permanente «ha llegado el momento de avanzar hacia un escenario de pleno reconocimiento de todas las víctimas de todas las violencias, incluidas las víctimas de la tortura», y ha instado a los gobiernos de Lakua e Iruñea  a que doten «con todos los recursos necesarios» este tipo de iniciativas.

Por otro lado ha considerado necesario «hacer frente a la problemática de las personas presas y huidas que han sido condenadas debido a declaraciones autoinculpatorias obtenidas bajo tortura», teniendo en cuenta además «las dificultades» de este colectivo «a la hora de hacer llegar los testimonios de tortura o que se les aplique el Protocolo de Estambul».

Asimismo, ha urgido a abordar «la problemática de la tortura desde una perspectiva de género que reconozca de forma específica la realidad sufrida por las mujeres torturadas».