EH Bildu advierte de un «agujero de 12 millones al año» por los peajes en Gipuzkoa

EH Bildu ha advertido de que la «incorrecta decisión del PNV» sobre los peajes en las carreteras de Gipuzkoa «puede traer un agujero de 12 millones de euros», por lo que ha pedido a la formación jeltzale que «se deje de partidismos» y «adopte las medidas necesarias», «antes de causar más daños a los usuarios» de estas vías.

EH Bildu se ha referido, en una rueda de prensa, a la decisión de la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por PNV y PSE, de elaborar una nueva norma foral que modifica los tramos y precios de los peajes para camiones en la N-I y la A-15, cuyo cobro anuló el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pero está pendiente de recurso ante el Supremo.

Esta nueva norma, que se encuentra ya en el período de exposición pública, introduce una serie de cambios en su diseño general para hacer frente a la interpretación que llevó al TSJPV a anular, en una sentencia dictada el 9 de abril, la normativa anterior que regulaba el sistema de peajes por considerarlo discriminatorio para los transportistas foráneos.

La coalición soberanista ha reclamado la comparecencia en las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa de la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, para dar cuenta de esta norma, al tiempo que ha anunciado su intención de «seguir trabajando para esclarecer las responsabilidades de las erróneas decisiones adoptadas» en este asunto.

EH Bildu explica que ha tenido conocimiento de la nueva norma, a través de los medios de comunicación y considera «vergonzoso» que se haya presentado en verano y en un mes «inhábil» para las JJGG y «escondiendo información a los partidos» de la Cámara guipuzcoana.

«Predican una nueva cultura política mientras todo lo que hacen va en dirección contraria», señala la coalición, que admite que no esperaba esta nueva protesta porque después de que el TSJPV anulara la norma foral, el PNV, «con demasiada prepotencia», había dicho que «no iba a cambiar ni la norma foral ni el sistema de cobranza».

Por el contrario, EH Bildu ha recordado que su posición «desde el primer momento» fue la de que, al ser «una decisión de gran dimensión, de unos doce millones de euros», la Diputación «debía realizar un análisis jurídico».

«No hemos recibido ninguna respuesta en todo este tiempo pero parece ser que alguien se ha dado cuenta de que no iban en la dirección correcta. De facto, con la propuesta de cambio de la norma foral, están admitiendo la sentencia del TSJPV», señala.

En su opinión, la actual «situación de inestabilidad» en este ámbito «es fruto de la mala gestión del PNV», que ya «estando en la oposición votó de manera irresponsable en contra de la norma foral, porque sabían que la propuesta era correcta», pero para ellos «era más importante desgastar al gobierno de Bildu» y después, estando ellos en el Gobierno, han seguido dando «pasos erróneos».

«La directiva europea deja claro que no puede haber ninguna discriminación, ni directa ni indirecta. Con la norma foral que el TSJPV echó atrás, EH Bildu manifestó desde el principio que en varios puntos había grandes dudas. Con la decisión del tribunal y ahora con la de la Diputación de cambiarla, se confirma nuestra duda», recalca la coalición abertzale.

Avanza, además que aún está por ver «qué medidas se tomarán en Europa si continúan adoptando las decisiones de manera incorrecta», al tiempo que recuerda que en el caso de las denominadas «Vacaciones Fiscales» también «predicaron la gestión ejemplar y al final llegaron grandes sanciones desde Bruselas».

«Está por ver si la nueva norma foral arreglará los problemas creados hasta ahora. Por ello exigimos al Gobierno que aclare en qué estudios se basa esta nueva propuesta y en qué situación quedan los peajes que aún se siguen cobrando», concluye el comunicado. 

«Una burla»

Por su parte, la Federación Internacional de Asociaciones de Transportistas de España, Fenadismer, ha calificado de «parche legal» y de «burla» a la Justicia el proyecto de norma foral que ha elaborado la Diputación de Gipuzkoa para modificar los tramos y precios de peajes para camiones en la N-I y la A-15, cuyo cobro anuló el TSJPV.

Fenadismer cree que el ente foral ha emprendido «una nueva huida hacia delante» con el fin de mantener la «pervivencia» de este sistema de cobro en caso de perder ante el Tribunal Supremo el recurso contra la sentencia que el alto tribunal de la CAV dictó el pasado mes de abril.

Esta organización considera que la propuesta que el gobierno foral de PNV-PSE ha preparado para sustituir a la norma anulada es «una falta absoluta de respeto» al sistema judicial, «al pretender sortear las decisiones del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo» para que no tengan «efecto práctico».

Entiende que es, además, «una auténtica burla» al colectivo de transportistas guipuzcoanos y del Estado «afectados por la voracidad recaudatoria» de la Diputación de Gipuzkoa.

En su opinión, con los dos nuevos pórticos proyectados para controlar el pago del canon «trata de camuflar el carácter discriminatorio de la actual regulación del peaje».