Aumentan los desahucios por alquiler y se encarecen los precios en la CAV
Stop Deshaucios señala a los pisos turísticos como una de las causas del progresivo encarecimiento de los alquileres en la CAV, un 7,6% en un año. También más personas en este régimen han sido expulsadas de sus hogares: en 2017 creció un 32% respecto al ejercicio previo.
Con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aún coleando al afirmar que los pisos turísticos no influyen en la subida en los precios de los alquileres, Stop Deshaucios Euskadi realizó una comparecencia para sostener lo contrario con una serie de datos y argumentos.
La plataforma alerta del incremento de desahucios por alquiler en la CAV en 2017, que fue del 32% respecto al 2016. En el primer trimestre de 2018, el aumento ha sido de un 14% respecto al trimestre del año anterior. «De los 1.196 lanzamientos producidos en 2017, 834 fueron por impago de alquileres o por finalización del contrato», afirman.
En su opinión, las causas del aumento son varias y no duda al afirmar que los pisos destinados al alquiler vacacional es una de ellas. «Los propietarios de las viviendas de uso turístico obtienen más rentabilidad en un periodo menor de tiempo. Esto hace que disminuya la oferta, lo que provoca un aumento de las rentas y detrae viviendas para el uso residencial o potencial alquiler social a través de los programas del Gobierno Vasco. Volvemos a la idea de la vivienda como un negocio y no como un derecho», lamenta.
Basta un pequeño ejemplo. Según cifras aportadas hace apenas dos días por EH Bildu de Donostia, en el último año los arrendamientos han sido un 20% más caros en la capital. Por un piso de 90 metros cuadrados se piden más de 1.300 euros mensuales, unos 240 euros más que hace un año.
De forma paralela, los precios del alquiler en el mercado privado no han dejado de subir en estos dos últimos años. Según los datos que manejan, el incremento en marzo de 2018 respecto a 2017 fue de un 7,6%. También han subido las fianzas, hasta los seis meses, o la exigencia de avales bancarios.
La plataforma Stop Deshaucios también critica lo insuficiente que resulta el parque público de viviendas de alquiler social gestionadas por Alokabide, organismo dependiente de Lakua. Existen 12.000 viviendas para atender la demanda de 51.171 unidades familiares inscritas en la lista.