Dos propuestas antagónicas, erigir pequeñas prisiones o abrir tres CIS
La jueza de vigilancia penitenciaria Ruth Alonso y los integrantes de la red ESEN comparecieron ayer en la Cámara de Gasteiz para hablar de la transferencia de prisiones. La primera abogó por construir pequeños centros dirigidos a presos de segundo grado y a personas en régimen abierto, los segundos apostaron por abrir CIS en los herrialdes.
Todavía no se ha formalizado la transferencia de prisiones a la CAV pero en el Parlamento de Gasteiz hace meses que comenzaron las comparecencias para discutir cual es el modelo que debe aplicarse tras la asunción de la competencia. Ayer la Comisión de Trabajo y Justicia citó a Ruth Alonso, jueza de vigilancia penitenciaria en Bilbo y a integrantes de la red ESEN (Espetxe Sarea Euskadi Nafarroa).
Todos coincidieron en la necesidad de acordar cuanto antes la transferencia de la competencia, aunque divergieron a la hora de explicar las medidas que se deben adoptar. Alonso, que fue la primera en intervenir, apostó por sustituir las cárceles de Basauri y Martutene por nuevas infraestructuras con un mínimo de 200 plazas destinadas a presos en segundo grado y a personas en régimen abierto.
Según explicó, no es conveniente dejar un único centro penitenciario de régimen cerrado, ya que existe el riesgo de que se «masifique». En este sentido, advirtió de que, si se acerca a la CAV a todos los presos con residencia en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa –tanto a los prisioneros de EPPK como a los presos sociales– la población reclusa podría situarse en 1.800 personas. «Llevar a todos a Zaballa sería una barbaridad», indicó, y abogó por crear pequeñas instalaciones, con una veintena de plazas, para tratar a los presos con enfermedades mentales.
Alternativas a la prisión
La propuesta de Alonso no tiene nada que ver con la defendida por los portavoces de ESEN, que rechazaron la idea de abrir más centros de régimen cerrado. A su parecer, se debe avanzar hacia una justicia restaurativa, construyendo Centros de Inserción Social en los tres herrialdes, y planteando alternativas a las penas privativas de libertad.
Cuestionados por la cifra de 1.800 presos planteada la jueza, respondieron que «la pregunta que nos deberíamos hacer es por qué hay tantas personas en prisión y no son más las que están en tercer grado, en libertad condicional o en centros siquiátricos». «Nosotros pensamos que si hubiera más medios y más estructuras –en alusión a los CIS– sería posible no hablar de 1.800 personas presas», manifestaron.
También hicieron hincapié en que no sirve de nada asumir una competencia «hueca», e incidieron en que se debe buscar un objetivo humanizador en la aplicación de la pena. Para ello se tiene que dotar de recursos a los departamentos implicados en la gestión de las prisiones, que, tal como recordaron, no solo compete a Justicia.
Etxerat relata en la Cámara la dura experiencia de los allegados
Urtzi Errazkin y Patricia Vélez, integrantes de Etxerat, también comparecieron en la Comisión de Trabajo y Justicia para hablar de la transferencia de prisiones.
Durante su intervención ante los parlamentarios, explicaron la vulneración de derechos que padecen los presos y presas vascas y sus familiares, y presentaron algunas medidas que, a su parecer, Lakua podría implementar para «humanizar la cárcel».
Propusieron cambios en el régimen de visitas y de comunicaciones, muy limitado en el caso del Estado español, y abogaron por impulsar la interacción a tres bandas entre los presos y presas, las familias y la propia prisión para poder actuar con rapidez ante cualquier problema. Además, plantearon la creación de un observador independiente que vele por los derechos de los presos, que, pese a estar privados de libertad, tienen derecho a la salud y a la educación.
Por último, apuntaron que la cárcel debería ser la última herramienta de un sistema legal que debería buscar la reinserción. I.S.