Turull alega ante el TSJC que cedió bienes a su mujer después de que le diagnosticaran una enfermedad

El exconseller de Presidencia de la Generalitat y diputado de JxCat Jordi Turull, en prisión preventiva procesado por rebelión por el Tribunal Supremo, ha declarado como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y ha explicado que cuando hizo una donación a su esposa, Blanca Bragulat, era solo diputado y ni siquiera sabía que iba a ser conseller, por lo que no tuvo el propósito de ocultar patrimonio ante un eventual proceso judicial.

Según ha explicado a los periodistas el abogado de Turull, Jordi Pina, tras la declaración judicial del exconseller y su esposa, ambos decidieron poner a nombre de los dos una vivienda de Parets del Vallès (Barcelona) que estaba solo a nombre de él porque ella había sufragado las obras y pagado la hipoteca, y que lo hicieron el 8 de junio de 2017 porque a él le habían diagnosticado una enfermedad.

Según han expuesto los investigados, el exconseller compró a muy bajo precio una casa de Parets del Vallès que se encontraba en un estado ruinoso y fue su esposa la que se hizo cargo de pagar la reforma de la vivienda, como ha reconocido también ante el TSJC un constructor al que la defensa ha propuesto como testigo.

Para legalizar esa situación, Jordi Turull decidió poner la casa a nombre de su esposa, algo que hacía tiempo que el matrimonio tenía el propósito de hacer, pero que se precipitó cuando se diagnosticaron al diputado soberanista unas apneas muy severas, lo que provocó que llegara a temer por su vida.

De hecho, Jordi Pina ha aportado una serie de facturas que asegura que demuestran que era la esposa de Turull quien hacía frente a los pagos de las obras de rehabilitación de la vivienda.

La defensa también ha entregado al TSJC documentación bancaria con el fin de acreditar que la cuenta corriente común cuya titularidad Turull cedió íntegramente a su esposa se nutría exclusivamente de los ingresos de ella, por lo que el exconseller quiso regularizar esa situación al diagnosticársele las apneas.

Los investigados han insistido también en que la donación patrimonial fue acompañada de dos testamentos recíprocos en los que el matrimonio se cedía mutuamente los bienes en caso de defunción.

Ambos investigados han recalcado además ante el tribunal que cuando formalizaron la donación, el 8 de junio de 2017, Turull no formaba parte del Govern ni tenía expectativas de hacerlo, dado que no había ningún indicio de que Neus Munté fuera a cesar como titular del Departamento de Presidencia.

La mujer de Turull ha precisado que este no supo que iba a ser conseller de la Generalitat hasta la noche del 13 de julio de 2017, víspera de su nombramiento, cuando recibió una llamada de Carles Puigdemont proponiéndoselo.

La defensa, que ha pedido el archivo de la causa, argumenta además que Turull no pudo cometer un delito de insolvencia punible cuando todavía no se había abierto ninguna causa contra él ni se había fijado la responsabilidad civil por la causa del 1-O, que finalmente el Supremo ha cifrado en poco más de dos millones de euros, ya cubiertos por el conjunto de procesados.

El exconseller ha reprochado al fiscal del TSJC, José Joaquín Pérez de Gregorio, que, contrariamente a lo habitual, no le haya interrogado cuando abrió las diligencias por insolvencia punible, antes de presentar la querella.

«Si usted me hubiera citado, no habríamos llegado hasta aquí», ha espetado al fiscal Jordi Turull, convencido de que podría haber acreditado documentalmente ante la Fiscalía la justificación de la cesión del patrimonio antes de que la investigación pasara a manos del TSJC.

La Fiscalía Superior de Catalunya se querelló a finales de mayo de este año contra Turull y su esposa por un presunto delito de insolvencia punible al donarle a ella casi 100.000 euros con el «evidente propósito y finalidad de intentar eludir el futuro embargo de su patrimonio» a consecuencia de los procedimientos judiciales que pudieran afectarle por el proceso soberanista.

Turull, diputado de JxCat en el Parlament, ha sido trasladado por los Mossos d'Esquadra desde la cárcel de Lledoners en la que está recluido, tras ser procesado por el Supremo por rebelión, hasta la sede del TSJC, en el que ha comparecido custodiado por cinco agentes de la Policía catalana.