De Miguel niega adjudicaciones pero reconoce que un constructor pagó la reforma de su vivienda

El exdirigente del PNV y antiguo diputado alavés de Administración Local, Alfredo de Miguel, ha asegurado que no tuvo «nada que ver» con la adjudicación de los contratos públicos que se encuentran bajo sospecha en esta causa. Por el contrario, ha reconocido que un constructor pagó la reforma de su vivienda en Gorliz. «Me lié, no lo tenía que haber hecho», ha apuntado.

Alfredo de Miguel, en su segundo día de declaración en el juicio por la trama de corrupción que supuestamente lideraba, ha insistido en que no tuvo «nada que ver» con la adjudicación de los contratos públicos que se encuentran y que las empresas en las que participaba y que trabajaron para Lakua «efectuaron todos los trabajos para los que fueron contratadas». Sin embargo, De Miguel ha reconocido que un constructor pagó la reforma de su vivienda en Gorliz. «Me lié, no lo tenía que haber hecho», ha señalado.

De Miguel, para el que la Fiscalía solicita una condena de 54 años y diez meses de cárcel por alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, declara por segundo día consecutivo ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Araba que juzga una presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos y cobro de comisiones ilegales, por la que están procesados varios excargos del PNV alavés.

El antiguo diputado alavés de Administración Territorial y Equilibrio Territorial, en una línea similar a la que mantuvo ayer, ha asegurado que nunca solicitó ni se le ofreció «comisión o prebenda alguna» a cambio de su intermediación o intervención directa para la adjudicación de contratos públicos.

También ha asegurado que en ningún momento instó a alguna administración a que no contrataran a la empresa de Ainhoa Alberdi, la empresaria que denuncio la presunta trama de corrupción en 2009, con el fin de «castigarla» por la denuncia que presentó en los juzgados.

Asimismo, ha asegurado que las empresas en las que participaba y que fueron contratadas por el Departamento de Cultura en Lakua realizaron todas las tareas que se les encargaron, pese a que la Fiscalía considera que dejaron sin hacer trabajos por más de 200.000 euros.

De Miguel también ha negado que, desde su cargo de diputado foral de Araba, tuviera participación alguna en la adjudicación de otros contratos bajo sospecha por parte del departamento de Administración Territorial y Equilibrio Territorial del Ejecutivo alavés.

Al hilo de la primera sesión, De Miguel solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Gonzalo Susaeta. Tal ha sido la complicidad entre letrado y acusado durante la declaración que el juez Jaime Tapia ha dicho que hacía muchos años que no veía «una cosa tan amable. A veces es un diálogo... se complementan mutuamente».

Una vez concluidas las preguntas planteadas por Susaeta, Tapia también ha querido solicitar una serie de aclaraciones a De Miguel, a quien ha preguntado acerca de los «muchos temas y actividades» a los que se dedicaba al margen de sus responsabilidades como empleado o cargo público, así como sobre los diversos ámbitos –cultura, juventud, urbanismo...– a los que se dedicaba pese a que su titulación académica se centra en la informática.

La sesión ha concluido con el inicio de la toma de declaración al exdirigente del PNV Aitor Telleria, para que la Fiscalía solicita 32 años de cárcel por su presunta implicación en la red de corrupción enjuiciada en este proceso.

Telleria ha respondido al abogado del Gobierno de Lakua, personado como acción civil en el proceso, al que ha explicado que utilizó «contactos personales» para dar a conocer a la empresa Kataia ante el Ejecutivo de Gasteiz.