Balones fuera ante un problema que «conduce a la locura»

Las jornadas sobre víctimas y política penitenciaria organizadas por la Fundación Fernando Buesa comenzaron ayer en Gasteiz. Todos los medios estaban pendientes de la intervención del juez De Castro, que no pudo asistir. Envió un vídeo en el que afirma que la progresión de grados depende de las juntas de tratamiento.

Mantener a una persona durante años en primer grado penitenciario, obligándole a estar durante 20 o 21 horas diarias solo en su celda «conduce a la locura». Así de contundente fue Julián Ríos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontifica de Comillas, que ayer intervino en las jornadas sobre víctimas y política penitenciaria organizadas por la Fundación Fernando Buesa en Gasteiz.

Ríos participó en un coloquio sobre los fines y los medios de la política penitenciaria vigente en el Estado español, en la que también se pudieron escuchar las impresiones de la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asúa, y del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro. Este último no pudo asistir de forma presencial y optó por enviar un vídeo.

En la grabación, habló de los recursos planteados por los presos y presas vascas para poder progresar de grado e insistió en dejar en manos de las juntas de tratamiento de las prisiones cualquier decisión al respecto. «Las juntas de tratamiento y previamente los equipos de tratamiento son los que tienen conforme a la normativa vigente la competencia para analizar la evolución del interno», subrayó sin reparar en que la decisión final le compete a él, a un magistrado que, a día de hoy, considera que la disolución de ETA no prueba la «desvinculación» de los represaliados ni el fin de su «peligrosidad».

Ríos criticó la idea del juez De Castro, ya que, tal y como explicó ante los presentes, la Administración carece de recursos para poder objetivar los avances que puedan realizar los presos que se encuentran en primer grado. A su juicio, sería necesaria la participación de entidades vinculadas al tercer sector social para poder trabajar con los prisioneros. «Debería facilitarse la entrada a organizaciones que puedan acompañarles en el proceso», subrayó tras censurar que «durante muchos años la política penitenciaria se ha aplicado de forma excepcional».

Recordó que el PSOE y el PP –los dos partidos que se han turnado en la Moncloa– han mantenido a ciudadanos vascos en régimen cerrado, alejados a cientos de kilómetros. Y han rechazado la excarcelación de personas gravemente enfermas. «¿Qué sentido tiene mantener a una persona en la cárcel hasta unas semanas antes de su muerte?», preguntó en alusión a la instrucción de Instituciones Penitenciarias de febrero de 2017, en la que se establece que solo saldrán de prisión «si su fallecimiento se prevé con razonable certeza a muy corto plazo, o bien si cumplen los requisitos para acceder al tercer grado o la libertad condicional».

Eso supone que los presos que no están a punto de morir tienen que «pedir perdón a las víctimas, pagar las deudas y someterse a la legislación vigente», como aseveró en más de una ocasión el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.

Sin condiciones

Este requisito no es compartido por Adela Asúa, quien indicó que la ley «debe premiar» el reconocimiento del daño causado, pero no puede imponerlo como un requisito para poder recuperar la libertad o progresar de grado. Lamentó que este condicionante «desnaturaliza» lo que debería ser un «atenuante».

La jurista alertó de que la Justicia «no debe ser justiciera», y rechazó la aprobación de normas que rozan la inconstitucionalidad, como fue, por ejemplo, la doctrina aprobada por el Tribunal Supremo en 2015 en contra de la acumulación de penas cumplidas en cárceles francesas. Asúa, que emitió un voto particular rechazando esta decisión, habló ayer de esta cuestión, que ha sido objeto de análisis por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

A su juicio, Estrasburgo no ha entrado al fondo de la cuestión, que es si existe una contradicción entre las directrices europeas y la legislación española, sino que se ha limitado a «declararse no competente para solventar este problema».

Avanzar en la convivencia

En el turno de preguntas intervinieron algunos de los asistentes, entre los que se encontraban la madre de uno de los jóvenes de Altsasu, parlamentarios de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE, y el juez Jaime Tapia, que apostó por aplicar una política penitencia «un poco más audaz». «Hay que defender la normalización, aplicar la legislación sin excepciones».

Un paso en la normalización, al menos en la política, fue la presencia de dos integrantes de Etxerat en el público. En declaraciones a los medios, Patricia Vélez, destacó que es necesario «construir puentes» entre diferentes. «Tenemos que empezar a escucharnos para construir la convivencia», concluyó.

Una «política de convivencia» que pasa por la «autocrítica»

Pese a que su nombre no figuraba en el programa del seminario sobre víctimas y política penitenciaria, la primera parte de la jornada de ayer estuvo marcada por la intervención en el turno de preguntas del delegado del Gobierno español en la CAV, Jesús Loza, que abogó por una «política de convivencia» para que «el mundo de Sortu haga autocrítica».

Esta idea está en línea con las palabras pronunciadas por la hija de Fernando Buesa, Sara Buesa, que incidió en que «sin autocrítica, una persona podrá cumplir su condena, salir en libertad y vivir en la comunidad, pero no podrá hablarse de reparación ni de humanización».

Cabe señalar que ayer por la mañana se pudieron escuchar los relatos de Henry Patterson, profesor emérito de la Universidad del Ulster, y del abogado Juan Infante, que participó en el proceso de que dio pie a la disolución de ETA pm. Ni el caso del norte de Irlanda, donde se firmó el acuerdo de Viernes Santo en 1998, ni en el de los integrantes de ETA pm, fue necesaria la «autocrítica» citada por Loza y Buesa.I.S.