Uno de los acusados del ‘caso de Miguel’ afirma que ha vuelto a contratar con el Gobierno de Lakua

Iñaki San Juan, administrador de varias supuestas empresas pantalla de la presunta trama dirigida por el exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, ha justificado los contratos firmados con el Gobierno de Lakua entre 2006 y 2009 y ha asegurado que ha vuelto a contratar con el Ejecutivo.

El juicio por el ‘caso de Miguel’ ha continuado hoy en la Audiencia de Araba el juicio por este caso, en el que hay 26 imputados, con el interrogatorio a dos de los acusados vinculados con los contratos menores que tres de las supuestas empresas pantallas utilizadas por los dirigentes de la trama (Alfredo De Miguel, y los también exlíderes del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano) lograron entre 2006 y 2009 del Gobierno de Gasteiz.

Según la Fiscalía una veintena de estos contratos en materia de juventud fueron adjudicados a dedo a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga por el Departamento de Cultura del Gobierno de Lakua, y la mayoría no consta que se llevaran a cabo.

Kataia, Errexal y Ortzi Muga consiguieron contratos por valor de unos 289.000 euros del Departamento de Cultura. Además Errexal se hizo con los 90.000 euros que el Ejecutivo del PNV reservó para que las Cuadrillas de Araba elaboraran sus planes juveniles.

A estos se suman los adjudicados a Errexal y Ortzi Muga por la Diputación de Araba cuando De Miguel era diputado foral por casi 130.000 euros, por lo que las empresas de la supuesta trama habrían logrado unos 500.000 euros en contratos públicos a dedo, según la Fiscalía.

En la vista de hoy han declarado Iñaki San Juan y Josu Montes, administradores de Errexal y Ortzi Muga.

San Juan, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel y que solo ha respondido a su abogada y a las preguntas del tribunal, ha descrito cada contrato que sus empresas, Errexal y Ortzi Muga, firmaron con Juventud entre 2006 y 2009 y ha negado que estas sociedades fuera «fantasmas» como mantiene la Fiscalía, ya que ambas han tenido «más de 70 trabajadores en nómina».

De hecho y a pesar de las «dificultades» que ha supuesto este proceso contra él, ha asegurado que ha seguido contratando con diferentes administraciones públicas «con toda naturalidad» en el ámbito de cultura y que tras años sin contratos en juventud, Lakua le ha adjudicado en 2018 un proyecto para enseñar lo que fue la Guerra del 36 a los jóvenes por un importe de 30.000 euros. En concreto ha explicado a preguntas del tribunal que coparticipa en este contrato con otra empresa y que su labor se ha centrado en elaborar un fondo con materiales digitales.

Respecto a los contratos menores objeto de este juicio, ha explicado que habitualmente era un técnico de Juventud quien se ponía en contacto con él y que le conocían en el departamento por su experiencia previa en el Consejo de la Juventud de la CAV y porque su padre ha sido director de Deportes de Lakua.

Ha reconocido que Kataia llevaba la contabilidad y los temas fiscales de Errexal y ha afirmado que el flujo de dinero que constan en el sumario entre ambas empresas se debe a un préstamo que él concedió a la sociedad de De Miguel cuando pasaba por problemas económicos, no a supuestas comisiones. Incluso ha dicho que a día de hoy Kataia no le ha devuelto el préstamo y dos trabajos que le subcontrató para Lakua.

El otro acusado que ha declarado, Josu Montes, para quien la Fiscalía pide más de 17 años cárcel, ha remarcado a preguntas solo de su abogado que Ortzi Muga, la sociedad que él constituyó en abril de 2006 y que en octubre de ese año traspasó a San Juan, «no se creó para esconder pagos o como empresa pantalla».

Ha negado que en el tiempo que fue administrador de la misa le fuera adjudicado ningún contrato del Gobierno y haber formado con otros acusados un «entente» para el desvío de fondos.

Ha reconocido que durante tres meses trabajó en Errexal pero se ha desvinculado de los contratos que esta firmaba. Por estos contratos también está acusado Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura y Juventud entre 2003 y 2009, quien declaró la pasada semana y negó responsabilidad en esos contratos, cuya gestión y control afirmó que correspondía a la Dirección de Juventud, dirigida entonces por Javier Sánchez Robles.

Precisamente Sánchez Robles, también acusado, declarará el próximo miércoles cuando se reanude este juicio.