Madrid reitera que «acercar no es beneficio», pero sigue demorándolo

La nueva secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, mano derecha del ministro Grande-Marlaska, reiteró ayer en el Senado a preguntas de EH Bildu que «el acercamiento de presos no es un beneficio», pero eludió precisar por qué entonces los traslados se materializan «con cuentagotas y sin ir al fondo del asunto», como le espetó Jon Iñarritu (EH Bildu). El último ejemplo es «Txutxo» Gómez Ezkerro, al que «acercarán» a 450 kilómetros de casa.

Desde que en junio el presidente español, Pedro Sánchez, anticipó «una visión distinta» sobre los presos vascos, el runrún de acercamientos ha sido incesante, pero las palabras superan con mucho a los hechos. El último ejemplo es el anuncio del traslado a Villabona (Asturias) del preso de Arrotxapea (Iruñea) Jesús Mari «Txutxo» Gómez Ezkerro, encerrado hasta ahora en Teixeiro (A Coruña). El recorrido que deben hacer familiares y amigos se verá acortado 220 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, aunque el prisionero seguirá estando lejos de casa, exactamente a 450 kilómetros.

La comparecencia ayer en el Senado de Ana Botella, nueva número dos del Ministerio del Interior, suponía una nueva oportunidad de aclarar la posición del Gobierno, tras varias declaraciones irrelevantes del titular, Fernando Grande-Marlaska, tanto en la Cámara Alta como en la Baja en los últimos tres meses. Interpelada por el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, Botella –hasta su llegada a la Secretaría de Estado de Seguridad diputada del PSOE por Valencia– se atuvo milimétricamente al discurso fijado por Grande-Marlaska, dando por bueno que «el acercamiento no es un beneficio» pero introduciendo luego algunos matices que muestran que el Gobierno parece entenderlo como tal.

Se lo reprochó Iñarritu: «Es positivo oír eso, pero díganselo al delegado del Gobierno en la CAV [Jesús Loza, autor de unas confusas manifestaciones al respecto]. A la hora de hacer movimientos, ustedes actúan como si fueran beneficios y contradiciéndose con lo que dijeron que se iba a hacer».

«Copien al vecino francés –pidió Iñarritu–. Ustedes saben que está acercando a los presos a las cárceles más cercanas a Euskal Herria: Mont de Marsan y Lannemezan. Háganlo, y no por beneficio, sino por dejar de hacer una política del pasado». Le recordó que la sociedad vasca así lo demanda, que hay plazas suficientes y que la posición internacional es clara (Reglas Mandela de la ONU, sentencias de Estrasburgo contra el alejamiento, recomendaciones del Consejo de Europa...)

«Ni excepción, ni venganza, ni arbitrariedad; no hay nada de eso», le replicó Ana Botella. Tras situar los acercamientos como medida legal, no obstante, la número dos de Interior enumeró requisitos de Ley Penitenciaria para el cambio de grado, con lo que Iñarritu volvió a tener que corregirle por mezclar las cosas: «Eso sí es un beneficio penitenciario. Ustedes se saben la teoría, pero luego aplican criterios que no tienen nada que ver».

Juntas de Tratamiento

Al anunciar el traslado de Gómez Ezkerro, Instituciones Penitenciarias remarca que ha sido posibilitado por un informe positivo de la Junta de Tratamiento de Teixeiro, emitido en setiembre. La nota recuerda que lleva en prisión más de 17 años y que próximamente cumplirá tres cuartas partes de la condena impuesta.

En su intervención por videoconferencia la pasada semana en las jornadas de la Fundación Buesa en Gasteiz, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, subrayó que «son las Juntas de Tratamiento, y previamente los equipos de tratamiento, lo que tienen conforme a la normativa vigente la competencia para analizar la evolución del interno».

En la misma nota de II.PP. se anuncia, por otro lado, la concesión del tercer grado a Aitor Bores, prisionero acogido a la «vía Nanclares» y que también tiene el cumplimiento de condena más que avanzado.

«No comment» sobre la guerra sucia

En la misma sesión de la Comisión de Interior del Senado, Iñarritu planteó a Botella varios interrogantes relacionados con la guerra sucia, pero como ocurrió con otra batería de preguntas sobre los presos enfermos, sin respuesta o recibiendo evasivas.

Así, preguntada por la posición del Gobierno sobre unas declaraciones en televisión del condenado por los GAL Rafael Vera, que cabía entender como justificatorias de la guerra sucia, la secretaria de Estado se escudó en que «no valoramos estas declaraciones de un ciudadano» y añadió, sin que nadie hiciera hincapié en ello, que Vera se dio de baja en el PSOE en 2002.

«¿Cómo que no lo valoran? –saltó entonces el senador Iñarritu–. ¿Se imagina que eso lo hubiera dicho un miembro de ETA? Aquí hay dos varas de medir».

Sobre la mesa puso también el caso de cuatro policías condenados en rebelión por los tribunales franceses por el intento de secuestro de un refugiado vasco (Joxe Mari Larretxea) en 1983. Como recogió GARA en un reportaje este lunes, uno de ellos llamado Sebastián Sotos García ha sido condecorado hasta cinco veces, por cuatro gobiernos distintos. Jon Iñarritu añadió que al menos dos de los cuatro continúan siendo miembros de la Policía Nacional pese a aquella condena en rebelión. «¿Ustedes también los van a mantener?», preguntó a Botella sin recibir respuesta.

«¿No creen que es hora de autocrítica y de facilitar información para esclarecer casos?», añadió Iñarritu, poniendo el foco en el manto de silencio que supone la Ley de Secretos Oficiales franquista (1968). Botella dijo ser favorable a revisar leyes franquistas, y esa fue casi la única coincidencia de la sesión. R.S.