Stop Desahucios presentará mociones municipales para reclamar el derecho a una vivienda
Las plataformas de Stop Desahucios de la CAV han anunciado en Donostia una campaña de presentación de mociones en los municipios para pedir que se cumpla el dictamen de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 20 de junio de 2017 sobre la aplicación de «todas las medidas razonables, hasta el máximo de recursos disponibles, para satisfacer el derecho a la vivienda, especialmente en familias con hijos menores o colectivos en riesgo de exclusión social».
Además, solicitarán la aplicación «efectiva» del convenio de colaboración suscrito entre Gobierno de Lakua, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2013 para posibilitar la adopción de medidas de carácter social en casos de lanzamiento de vivienda familiar, cuyos efectos, han sido, a su juicio, «más mediáticos que reales».
El portavoz de las plataformas Marce García, acompañado por miembros de Stop Desahucios, de trabajadoras en huelga del Servicio de Ayuda Domiciliaria de la capital guipuzcoana y representantes de EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza e Irabazi, así como de sindicatos, ha criticado que «tampoco ha funcionado el Mecanismo de Adjudicación Directa de Viviendas Protegidas en casos de desahucios», ya que «su aplicación ha sido ridícula frente a los miles de lanzamientos llevados a cabo desde su aprobación».
García ha destacado que en la CAV durante el pasado año se han contabilizado 1.196 desahucios, de los cuales el 75% lo han sido por alquiler, que vive una «burbuja» que requiere de una «mayor implicación» de las administraciones públicas. A ello ha añadido que el parque público de viviendas de alquiler social, tanto de Etxebide como de los ayuntamientos, es «insuficiente».
Mayor parque público
Por todo ello, a través de mociones, Stop Desahucios solicitará a los ayuntamientos que «incrementen» su parque público municipal de vivienda, movilicen las viviendas deshabitadas aplicando el «canon» a las mismas y procuren, «de manera urgente», una «alternativa habitacional estable» a las familias.
También se pedirá a los consistorios que insten al Gobierno de Lakua a modificar el decreto sobre viviendas turísticas para que las comunidades de vecinos tengan «posibilidad de vetar a las viviendas turísticas en su comunidad por mayoría de tres quintos».