Policía-periodistas, un tándem ungido por la razón de Estado

La colusión entre policías y profesionales del periodismo no es una novedad, pero las andanzas del excomisario Villarejo y el caso de espionaje a Pablo Iglesias, que ha estallado en la precampaña que concluyó a medionoche, han puesto de manifiesto la estrecha relación existente entre unos y otros. La razón de Estado o el interés económico han lubricado un vínculo surgido en las cloacas.

Alberto Pozas es un periodista madrileño de dilatada experiencia. Entre otros cargos ha sido director de la extinta revista ‘‘Interviú’’ y hasta hace unos días ejercía de número dos de la oficina de comunicación de La Moncloa. Pero además, desde el pasado lunes se ha sumado a la lista de encausados por su vinculación con José Manuel Villarejo. Se trata del primer periodista imputado en esa macrocausa que atiende al nombre de «Tándem» y que investiga la red comandada por el excomisario de la Policía española, que está salpicando a todos los espacios de decisión y poder del Estado, desde jueces, fiscales y policías hasta ministros, banqueros y empresarios.

El caso que ha saltado a pocas semanas de los comicios es el presunto espionaje sufrido por Pablo Iglesias y la campaña de desprestigio emprendida en su contra a partir de datos extraídos del móvil de la asesora de Podemos Dina Bousselham, cuando el líder de la formación morada era eurodiputado.

Pozas había sido citado el lunes como testigo, condición que el juez Manuel García Castellón cambió a la de investigado por un presunto delito de «revelación de secretos». En su comparecencia el periodista habría admitido que fue él, siendo director de ‘‘Interviú’’, quien facilitó a Villarejo un pendrive con copia de los datos del teléfono robado, señalando que esa información la habían recibido en la redacción de la revista y que habían decidido no publicarla. De este modo, confirmaba la versión del excomisario, que dijo al juez que había sido Pozas quien le pasó el dispositivo. Acorralado, pero todavía no imputado, el alto cargo del Gabinete de Pedro Sánchez remitió el viernes un comunicado explicando que dimitía por considerar que estaba siendo «utilizado para atacar al Gobierno y al presidente», aunque lo cierto es que no le quedaba otra salida.

Publicados por «Okdiario» de Inda

La información del smartphone de Bousselham volcada en el soporte de almacenamiento informático que acabó en manos de Villarejo incluía comunicaciones privadas de Pablo Iglesias en Telegram, una aplicación de mensajería instantánea. Una de ellas, fechada en agosto de 2014, sirvió dos años después para que el periódico digital ‘‘Okdiario’’, dirigido por Eduardo Inda, publicara una pieza en la que atribuía al secretario general de Podemos determinados comentarios machistas. A esa publicación le acompañaron otras del mismo tenor, como la presunta financiación de ese partido por Irán, que pretenderían erosionar la imagen del político vallecano cuando se hallaba en pleno auge, así como cortocircuitar una eventual entente con el PSOE.

El mismo día en que Alberto Pozas anunciaba su dimisión la Policía española se presentó en la redacción de ‘‘Okdiario’’ para requisar el material del teléfono robado. El juez también decretó la prohibición de publicar más elementos procedentes del móvil.

Dos días antes, el miércoles, Pablo Iglesias, a quien el juez ofreció personarse en la causa como parte afectada, explicó en la Audiencia Nacional que Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, le llamó para decirle que había llegado a una de las revistas del grupo el contenido del teléfono de su colaboradora, y que le hizo entrega del mismo porque no se iba a publicar. Asensio, también citado como testigo, corroboró lo dicho. Lo que ocurre es que esa información que no publicó ‘‘Interviú’’ fue compilada por su director y entregada a Villarejo, acabando finalmente en manos de Inda, que no tuvo reparo alguno en darle cauce en su diario.

Espionaje en EH y «policía patriótica»

Como es lógico, Iglesias ha denunciado este caso de espionaje, y el martes, en el marco de un acto electoral en Zaragoza, propuso crear una Unidad Integral contra la Corrupción Institucional que no dependa del Ministerio del Interior, sino de la Fiscalía y de los jueces. Iglesias pretende así «combatir las cloacas» del Estado «con la Constitución en la mano», una mano que ha tendido al resto de fuerzas para que hagan suya la propuesta.

Pero más allá del recorrido que tenga esa idea, en realidad las «cloacas» han demostrado ser inherentes al propio Estado, y el espionaje al líder de Podemos no es un hecho aislado, al contrario. En Euskal Herria, por ejemplo, los casos de seguimiento y espionaje a militantes y sedes de la izquierda abertzale ha sido un común donominador de todos los Gobiernos, tanto del PSOE como del PP. El caso más sonoro fue el dispositivo instalado por el Cesid en la sede de Herri Batasuna en Gasteiz en los años 90, que llegó a juicio y por el cual fueron condenados en 2003 a tres años de prisión los exdirectores de los servicios secretos Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón. Sin embargo, la Fiscalía recurrió la sentencia y el Supremo acabó absolviéndolos. El lunes, Arnaldo Otegi ironizaba sobre el repentino descubrimiento por parte de algunos de estas prácticas, y señalaba que «yo he sido espiado y no tengo dudas de que sigo siendo espiado».

Pero no sólo se ha espiado a militantes políticos; en 2008, unas obras acometidas en la redacción de GARA de Iruñea para trasladar una línea telefónica destaparon la existencia de escuchas a este diario, cuyas llamadas eran rebotadas a la Jefatura Superior de la Policía española en la capital navarra.

Del mismo modo, a la conocida como “Policía patriótica”, creada a la sombra del ministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz, con el comisario Eugenio Pino, número dos de la Policía, y el propio Villarejo en la sala de máquinas, se le atribuye la campaña lanzada contra dirigentes de la antigua CDC, como Artur Más y Xabier Trias, a partir de 2012, en plena ebullición política catalana.

Periodistas en posición de firmes

La existencia del espionaje con objetivos políticos no es por tanto cosa nueva. Pero los últimos episodios sí han logrado acreditar notoriamente la vinculación –o más bien subordinación– entre altos mandos policiales y determinados periodistas. Porque además de Pozas, ya encausado, e Inda, cuya imputación ha solicitado Podemos, otros conocidos profesionales del sector han visto sus nombres relacionados con Villarejo.

Es el caso de Esteban Urreiztieta, actual subdirector de “El Mundo”, muy cercano a Inda y a quien, al igual que al periodista navarro, se atribuye haber participado en una grabación ilegal para ayudar a Francisco Nicolás Gómez, conocido como “El pequeño Nicolás”, que fue detenido en octubre de 2014 acusado de falsedad documental, estafa en grado de tentativa y usurpación de funciones públicas y estado civil, entre otros cargos. Asimismo, se ha señalado a Alfonso Rojo (Periodista Digital) por estar a sueldo de Villarejo para escribir artículos favorables al dictador guineano Teodoro Obiang. Lo mismo ocurriría con Daniel Montero, antiguo subdirector de ‘‘Interviú’’, revista que también dirigió Manuel Cerdán, a quien informes policiales citados por “La Vanguardia” consideran una persona «estrechamente relacionada con el comisario Villarejo».

Como ocurre con el espionaje, la colusión entre las fuerzas policiales y periodistas no cogerá por sorpresa a nadie en Euskal Herria, un país acostumbrado a versiones oficiales, donde en el contexto del conflicto muchos medios han ejercido de acríticas correas de transmisión del Ministerio del Interior. Pero no es habitual que se vincule públicamente a profesionales del sector con una trama de estas características. Las cloacas rezuman, y ya no es posible mirar a otro lado, como algunos hicieron cuando la “Policía patriótica” o la razón de Estado se centraban sólo en Euskal Herria o en Catalunya.

Uno de los pasajes más conocidos del Plan ZEN, libro de cabecera contra la insurgencia vasca, hace hincapié en la propaganda y señala que «basta que la información sea creíble para explotarla». Y la Policía siempre ha sabido encontrar artificieros de confianza.

Empresarios del ibex y banqueros en el «deep state»

El término «deep state» o «Estado profundo» se utiliza para designar al conjunto de grupos e instituciones que, gane quien gane unas elecciones, permanece en el poder y maneja las riendas de un Estado. Poderes fácticos se les llamaba en la era analógica. Policía, Ejército, élites económicas... tienen una larga tradición de actuar al alimón en base a intereses comunes.

La investigación abierta en torno a José Manuel Villarejo ha desvelado en este sentido la relación que mantenía con algunos representantes del poder económico español. Por ejemplo, el día en que fue detenido el «pequeño Nicolás», protegido suyo, el expolicía llamó a tres consejeros del Ibex 35: Manuel Delgado Solís (ACS, la empresa de Florentino Pérez), Mauricio Casals (Atresmedia) y Adrián de la Joya (Indra), que según se ha publicado podrían estar implicados en una operación de blanqueo de capitales.

Por otra parte, el presidente del BBVA Francisco González tuvo que dejar el cargo tras descubrirse que contrató a Villarejo para espiar a ministros y empresarios, y por haber participado en la captación de recursos para la financiación del PP a partir de 1992 de forma irregular.I.B.