Muere otro joven en la prisión de Zaballa, el cuarto desde que comenzase el año

Salhaketa e Instituciones Penitenciarias han confirmado la muerte de un joven en la prisión alavesa de Zaballa. Son cuatro los presos que han fallecido en lo que va de año.

Un joven de 28 años apareció muerto ayer, 25 de abril, en la prisión de Zaballa, según ha confirmado Salhaketa. Es la cuarta persona que fallece en la cárcel de Araba desde que comenzase el año. Instituciones Penitenciarias ha indicado que por el momento se desconocen las causas.

A principios de abril, Jonathan Costillas Rituerto, vecino de Gasteiz de 24 años, apareció ahorcado en su celda. Entonces, su familia denunció el trato recibido y plantearon la necesidad de un «protocolo de actuación que dé atención a las familias en todos los casos de muerte bajo custodia de las instituciones».

En febrero otro joven también perdía la vida en prisión alavesa y en enero otro joven falleció tras una sobredosis.

En un comunicado, Salhaketa ha denunciado que se trata de un nuevo hecho «luctuoso, no notificado por el Ministerio de Interior, que representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como hemos venido denunciando».

«Queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes de las que no se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que está acabando con la vida de estos jóvenes, en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas», ha añadido.

Y ha mostrado su preocupación por «la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades políticas y judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente».

Propuestas de Salhaketa

La asociación ha propuesto una batería de medidas para evitar las muertes en prisión. Reclama que el el Ministerio Fiscal investigue siempre de oficio los fallecimientos, «tal como corresponde» y que las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias.

Además, exige que se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder solicitar las responsabilidades civiles y penales que «se desprenden del mal funcionamiento de la administración de justicia»; y que desarrollen las medidas de sustitución en fase procesal y suspensión condicional de la condena en fase ejecutoria por el cumplimiento en programas de deshabituación de las drogodependencias.

También solicita la inmediata excarcelación, tal y como contempla la ley, de las personas presas gravemente enfermas; la reforma de la legislación penal y penitenciaria que «alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional»; y la reducción del número de presos «hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación».