Política migratoria de López Obrador, de las promesas a la realidad

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió una «nueva» política migratoria en México. Así la comenzó cuando entregó 13.000 tarjetas de visitante en enero. Tres meses después, una redada masiva en Chiapas muestra que sigue siendo la frontera sur de Estados Unidos.

Francisco es un tendero de San Pedro Sula que se ha hartado de pagar extorsiones. Tiene una pequeña abarrotería en el sector Rivera Hernández, una de las barriadas más pobres y violentas del segundo municipio de Honduras. Por trabajar tiene que pagar, aunque no especifica cuánto. Su tienda está ubicada en una zona que se disputan cuatro grupos criminales: el Barrio 18, la Mara Salvatrucha, los Olanchanos y los Tercereños. Ni siquiera dice a quién paga porque eso puede cambiar de un día para otro si una banda rival gana terreno.

Harto de vivir sometido, Francisco decide llegar hasta la frontera con Estados Unidos y pedir asilo. Para llegar hasta allá debe recorrer Guatemala y México. Sin embargo, no lo tiene fácil. Mientras esté en Centroamérica puede transitar libremente solo con presentar su cédula de identidad. En cuanto ponga un pie en México las cosas no serán sencillas. Está el riesgo de que lo deporten por ser irregular y también de que algún grupo criminal de los que operan en el país azteca lo secuestre, lo extorsione o lo mate.

La llegada al Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguró una época en la que la Administración azteca asegura que priorizará los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, el cambio ha sido mínimo: el Instituto Nacional de Migración (INM) sigue deteniendo y deportando, y las alternativas que se ofrecen se limitan a quedarse en el sur del país, un lugar casi tan pobre como los países de los que huye gente como Francisco.

El tendero lo sabe y, por eso, ha renunciado a pedir documentos con los que cruzar legalmente la frontera. Su mujer y su hija tienen una tarjeta de visitante por razones humanitarias que obtuvieron a finales de enero. Fue el gran espejismo de López Obrador, la llegada de la primera caravana del año. En aquel momento, la reacción gubernamental fue completamente diferente a la que hubo con la caravana de octubre de 2018. En lugar de porras y gases lacrimógenos, agentes dando los buenos días y una botella de agua. En lugar de ser encerrados para pedir asilo, un procedimiento exprés de cinco días por los que gente como la mujer de Francisco obtuvo su tarjeta. Permite el libre tránsito por el país y el permiso de trabajo. Es decir, que quien la posea, puede buscar un empleo en el sur empobrecido o desplazarse hasta Baja California o Tamaulipas, en el norte, tierra más industrializada. Teniendo cerca la frontera, uno siempre puede soñar con el momento en el que dará el salto a Estados Unidos, que es el destino que todos ansían.

Quizás por eso, porque todos querían seguir hacia el norte y eso podía ser interpretado como una política de puertas abiertas por parte de Estados Unidos, el Gobierno mexicano ha restringido mucho estos documentos. Ahora solo hay una forma de recibir esta tarjeta: desde los consulados mexicanos en Honduras, Guatemala o El Salvador. Para obtenerla hay que sacarse el pasaporte (tarea no siempre sencilla para familias que sobreviven en la miseria) y presentar algo que acredite que su vida corre peligro en su lugar de origen. Es decir, si la pandilla quiere matarte en San Pedro Sula, tienes que esperar en San Pedro Sula hasta que en el consulado mexicano tengan a bien facilitarte una tarjeta totalmente discrecional. Hace tres meses, entre el 18 y el 28 de enero, más de 13.000 centroamericanos se beneficiaron de esta medida. Pero el grifo se cerró.

¿Tuvieron algo que ver las presiones de Donald Trump? Nunca lo sabremos porque, en realidad, haga lo que haga López Obrador, su homólogo desde la Casa Blanca vocifera en Twitter que no está deteniendo a los suficientes migrantes.

Consciente de que en el consulado no le van a ayudar y de que cada vez que acude allí solo está dilatando el viaje, Francisco ha decidido avanzar como se ha hecho toda la vida. Tomará transporte público junto a su familia. Se bajará en las inmediaciones de las garitas del INM. Las rodeará y rezará para que ningún agente le sorprenda, le arreste y le pueda deportar. Cómo llegar a EEUU es otra cosa. Su plan es cruzar de forma irregular y luego entregarse a la Border Patrol para pedir asilo. Para eso queda mucho tiempo y muchos kilómetros a través de uno de los países más peligrosos para los migrantes.

Acción improvisada

Desde que López Obrador llegó al Gobierno el 1 de diciembre, la improvisación ha marcado la acción de su Ejecutivo en asuntos migratorios. No es un asunto fácil de gestionar. Cada año, cerca de 400.000 personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador cruzan México en dirección hacia Estados Unidos, según cifras de la ONU.

Pero estos datos se han multiplicado en el último año. Según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solo en los tres primeros meses de 2019, cerca de 300.000 personas cruzaron México en dirección a Estados Unidos. Si se mantiene esta tendencia, hablaríamos de 1,2 millones a final del ejercicio. A ellos habría que restar los 240.000 deportados previstos si se sigue con la tendencia que marca el INM. Un dato: a día 22 de abril, la Administración de López Obrador había deportado a 45.370 centroamericanos, casi 10.000 más que Enrique Peña Nieto el pasado año.

En realidad, nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente cruza porque se trata de un paso irregular y, por lo tanto, imposible de medir. Como explica Andrés Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), este año las cifras se han multiplicado. Son más los que vienen en caravana pero, sobre todo, son más los que vienen por las rutas habituales, las que no se ven, las que se conocen en cualquier municipio centroamericano.

AMLO ya ha dejado claro que no va permitir el libre tránsito, ni por motivos legales ni por motivos de seguridad. Su alternativa es de difícil aceptación por parte de los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Lo que el Gobierno de izquierdas propone es dar tarjetas de visitante regional y tarjetas de trabajador fronterizo. Son fórmulas diferentes pero, al final, el efecto sería el mismo: permisos de trabajo en los estados del sur de México (Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Campeche). Se trata de los estados más empobrecidos del país, pero el mandatario tabasqueño quiere convertirlos en polos de desarrollo que frenen el avance de migrantes al norte.

Una de las claves para este proyecto son las grandes infraestructuras. Y, entre ellas, el Tren Maya, una gran obra pública destinada al turismo que costará entre 6.000 y 8.000 millones de dólares y a la que se oponen las comunidades indígenas del sur de México. El escenario puede ser un polvorín: migrantes que huyen de la violencia y la miseria de Centroamérica obligados a trabajar en los estados más pobres de México en una infraestructura que es rechazada por la mayoría de esas poblaciones.

Receta similar

En este punto es donde nos encontramos el gran drama. López Obrador prometió derechos humanos para los migrantes pero, en la práctica, ofrece una receta bastante similar a la que plantearon gobiernos anteriores. Por ejemplo, esta propuesta para que los centroamericanos se establezcan en el sur de México se parece sospechosamente al plan «Estás en tu casa» que ofreció Peña Nieto a los integrantes de la primera caravana. La gran pregunta es: ¿qué ocurrirá con aquellos que no acepten las condiciones que impone el Gobierno de México?

Sánchez Cordero y toda la cúpula de Gobernación ya dejaron claro que no habría política de puertas abiertas. Esto significa que se seguirá deteniendo y se seguirá deportando. La actual responsable de Interior tuvo que comparecer el martes 23 de abril después de que 371 migrantes, un tercio de ellos menores de edad, fueran arrestados en una redada lanzada en Pijijiapan, estado de Chiapas. Sánchez Cordero criticó que los centroamericanos no quisiesen registrarse.

Pero esto implicaría que México les diera una tarjeta con la que no pueden avanzar al norte, que es lo que ellos quieren. De este modo, el país azteca sigue ejerciendo como frontera sur de Estados Unidos. Alega que ahora trabaja con los migrantes de forma «humanitaria» y que Estados Unidos no es quien está marcando la agenda.

Pero, como un periodista de “Le Monde” preguntó a los principales responsables de Migración del actual Gobierno: ¿En qué se diferencia la política actual de López Obrador a la desarrollada por otros gobiernos? Convirtiendo las caravanas en objetivo policial (se han registrado diversas detenciones selectivas contra personas identificadas como líderes), lo que el Gobierno mexicano plantea es que no quiere ver a los migrantes. Y estos, despojados de la caravana como elemento de protección, no van a desistir, sino que recurrirán a las vías que siempre utilizaron: jugarse la vida en La Bestia, el tren que recorre México de sur a norte, o pagar a un coyote un dinero que no tienen para tener tres intentos de cruzar a Estados Unidos. Lo que es irreal es pensar que gente como Francisco, el tendero de la Riviera Hernández de San Pedro Sula, dará un paso atrás por la amenaza de ser deportado. La misma semana en la que planificaba el viaje, su propio hermano fue arrestado por el INM. Ya está de regreso en Honduras. «Al menos no lo agarraron los Zetas», es lo que le tranquiliza.